La discusión en torno a si ha habido o no fraude electoral

He visto que la discusión en torno a los resultados electorales del 12 y 13 de abril ya pasó a la fase en la que algunos líderes de opinión literalmente están invocando que haya un golpe de Estado militar. Lo que están diciendo, aunque sea una evidente contradicción en términos, es que, porque ellos creen que ha habido algunas personas a quienes no se le ha respetado su derecho de voto, entonces la solución pasa por prescindir por completo del derecho al voto de todos y que nos gobierne una junta de militares. 

Como ustedes saben, yo normalmente soy suspicaz de aquellas discusiones que se plantean en términos muy binarios, como cuando, en este caso, se tiene a un lado del debate diciendo textualmente que estas han sido “las elecciones más fraudulentas de la historia” -aun cuando no existe comparación con lo ocurrido, por ejemplo, en la elección del 2000-, y por otro lado se tiene a quienes dicen que todo lo que ha ocurrido es normal y esperable de una elección en el Perú. 

Lo que ha ocurrido en el Perú tenemos que evaluarlo usando más escenarios posibles, para entenderlo en toda su complejidad. Podemos considerar un primer escenario de presunto fraude que altera los resultados, un segundo escenario de presunto fraude que no altera los resultados, un tercer escenario de presunta negligencia que sí altera los resultados, un presunto escenario de negligencia que no altera los resultados, y un quinto escenario donde no ha pasado nada distinto a lo usual. 

Lo que podemos hacer entonces es sopesar la evidencia y ver que escenario es más probable. Yo, dicho sea de paso, no he descartado ningún escenario de plano: empiezo mi análisis asumiendo que todos están en las posibilidades. 

El quinto escenario, el que dice que todo ha transcurrido en los cauces de lo normal y esperable, es el que más fácilmente rebato. Yo he visto irregularidades en esta elección que son inexcusables, y por eso mi posición desde el primer día ha sido muy crítica de la ONPE y de exigir la remoción de los responsables. Incluso creo que hay una sospecha válida de que funcionarios de la ONPE hayan cometido delitos, no precisamente delitos electorales pero sí delitos vinculados a corrupción, por cómo se eligió a empresas contratistas como Galaga SAC. No estoy diciendo que sea indubitable que ya habido un delito aquí,  se tiene que investigar, pero encuentro completamente razonable sospechar de una posibilidad de favorecimiento al proveedor que la fiscalía debe investigar a fondo. Ahora, la solución inmediato que se ha dado a esto, de aceptarle la renuncia a Piero Corvetto y reemplazarlo por quien era su gerente general en la ONPE, más allá de la discusión legal sobre si puede o no renunciar, me parece que es absurda, porque el general general Bernardo Pachas es más directamente responsable en lo ocurrido que Corvetto, pero quienes vienen pidiendo la salida de Corvetto desde hace tiempo no tienen consideración por estos detalles. Dicho sea de paso, si ustedes revisan mis podcasts pasados, verán que yo opiné en su momento que, con lo que había ocurrido en la elección del 2021, a mí me hacía sentido que hubiera un cambio de liderazgo en la jefatura de la ONPE, precisamente para evitar en lo posible que volvamos a tener una discusión como la que estamos teniendo. 

Por tanto, mi escenario base es uno de negligencia que podría o no haber distorsionado los resultados. Pero hasta ahí no he descartado el escenario de fraude y quiero entrar a mirar los argumentos de quienes lo acreditan. Entiendo, por ejemplo, que sí existe una tipología de fraude donde la autoridad electoral está cooptada por el poder político de alguien y este dispone a través de aquella demorar la apertura de ciertas mesas para perjudicar a un candidato en zonas que le son favorables. Muchas personas en Lima ven a esta como la interpretación más verosímil de lo ocurrido el 12 fe abril. Y en efecto, hubo demoras inexcusables en la apertura de mesas en zonas que podrían haber sido favorables a un candidato respeto de otro entre los que han venido disputando el segundo y tercer lugar. Pero este es un tipo de fraude donde quien lo comete tiene que estar de alguna manera cooptado o protegido por el poder político de turno porque, de otro modo, lo que estaría haciendo el funcionario que lo comete sería un suicidio profesional.

En un caso como este, quien investiga por fraude, la fiscalía digamos, tendría que buscar órdenes, coordinaciones o comunicaciones de cualquier tipo que evidencien que hubo una disposición para demorar la apertura de mesas. Con una prueba de ese tipo el caso sería muy contundente, pero no hemos visto nada de eso todavía. Entonces, uno puede pasar al análisis de los móviles, es decir, de las intenciones de los involucrados, para tratar de entender sus comportamientos. Yo he interactuado algunas veces con Piero Corvetto, no pondría las manos al fuego por él como tampoco por cualquier otro funcionario al que no conozca lo suficiente, pero si veo todo lo que ha ocurrido después de la elección del 12 de abril, que como resultado de esto a Corvetto se le está arruinado la carrera como funcionario o experto en temas electorales, y que literalmente la fiscalía está pidiendo que lo metan hoy mismo a la cárcel, lo cual me parece claramente una exageración aun cuando sí considere que es responsable de negligencia inexcusable, me parece que es muy claro que Corvetto no se está inmolando por nadie, voluntariamente, para asumir él mismo todas esas consecuencias. Hay gente e instituciones que lo están saliendo a defender, ciertamente, pero Corvetto está hoy rendido a su suerte. Nadie lo ya podido salvar ni de perder el cargo, no de evitar que le allanen la casa, no de ser procesado penalmente, que es lo que va a ocurrir. Siendo esto así, sería absolutamente irracional pensar que Corvetto ha querido este escenario por ser parte de un supuesto plan delictivo. Porque estaría cometiendo ese delito a vista y paciencia de todo el país, autoincriminándose. Eso no me parece verosímil. 

Luego veo los argumentos mismos que se ha utilizado para explicar el fraude, que han sido cambiantes en el tiempo. En un inicio fue el argumento de la demora en la apertura de las mesas en ciertas zonas de Lima. Pero como ha mostrado el trabajo de personas como Matías Faure y de Nicolás Márquez analizando las mesas, el nivel de ausentismo que realmente ocurrió, morigerado por las mesas que sí pudieron votar el día siguiente y cuyos electores favorecieron mayoritariamente a un candidato que no era ninguno de los que estaban disputando el segundo lugar, da a entender que la posibilidad de distorsionar los resultados en lo que respecta a la disputa por la segunda vuelta no era tan grande como lo ha planteado el candidato que se siente perjudicado. No es que sea cero, sí hay un efecto y este puede distorsionar los resultados -quizá de manera determinante- no en lo que respecta a la elección presidencial pero sí a algunos escaños de la elección parlamentaria-. Esto es gravísimo, como lo he señalado sostenidamente, pero no parece ser indicativo de una estrategia para cometer fraude. ¿Por qué en esos distritos y no en otros? ¿Por que alguien buscaría cometer fraude con una táctica por un lado tan burda y, por otro, con resultados tan minúsculos? Esto a mí no me hace sentido, 

Luego está el argumento de las mesas con la numeración 900 que ya ha sido refutado convincentemente. Son mesas relacionadas a centros poblados que es completamente esperable que no voten igual que las capitales de distrito o los centros urbanos. He visto mucha gente que se agarró de este argumento como una prueba definitiva, para tener algo distinto que imputar además del tema de la demora de la apertura de estas mesas. Pero, con lo que he visto, este argumento de las “mesas anómalas” no se sostiene. 

Y luego he visto también imputaciones de supuestas anomalías en mesas donde hubo, por ejemplo, votación para candidatos al Parlamento de un partido pero no hubo votación por el candidato presidencial de ese partido. Una cuenta de X que se creó justo a propósito del proceso electoral identificó esto respecto del caso del Frepap como si fuese la prueba definitiva de que “algo raro había en la elección”, sin reparar que ese partido, el Frepap, no tenía candidato presidencial en esta elección, con lo cual el coto cruzado era esperable. 

Quiero que aprecien que a mí no me toca descartar ningún argumento que alegue fraude. Lo que me toca es analizar según mis capacidades. Yo no soy matemático o estadístico, así que hay cosas que me superan en el análisis, como la forma como se programan los distintos modelos o fórmulas matemáticas que se están utilizando para estiman el efecto del ausentismo, por ejemplo, pero hago mi propia evaluación de cuán convincentes resultan las explicaciones y cuánta coincidencia o dispersión hay entre lo que concluyen los especialistas. Porque lo que le toca a mí es hablarles con honestidad sobre lo que pienso que ha pasado, no adaptar esa realidad a algún relato que esté más alineado con una narrativa política, la que fuere. 

Sería gravísimo que haya habido fraude en el Perú, y por eso hay que analizar estas cosas con responsabilidad. También es gravísimo que haya habido los niveles de negligencia que hemos visto en la ONPE, porque estos han podido distorsionar los resultados. Que ahora estemos revisando análisis de distintos especialistas para ver si esas distorsiones fueron materiales o inmateriales en los resultado, es gravísimo. ¿Qué pasaría si se demuestra que sí lo fueron? ¿Que quizá no afectaron la elección presidencial pero sí algunas parlamentarias? Si se termina demostrando que el impacto fue inmaterial en la elección presidencial, debería -no creo que lo haga pero debería- dar cierta tranquilidad sobre la integridad de los resultados, pero podría no haber sido así. Repito una vez más: estamos en una situación horrible, penosa, inexcusable, a la que nos ha traído la gestión -espero- saliente de la ONPE. Pero entender lo que ha pasado y las sanciones drásticas que debe acarrear esto, no debe significar que se dé por hecho que hubo fraude, que se fuerce una elección complementaria que sería como darle a Lima la posibilidad de votar estratégicamente para, en la práctica, definir entre dos opciones en función de cuál le gusta más a los limeños. El principal clivaje o tensión que existe en la política peruana no es derecha versus izquierda, es Lima versus resto del país. Si forzamos algo así, sin prueba real de que hubo fraude, lo que se va a percibir desde el resto del país es que Lima ha manipulado la elección presidencial. Yo creo que mucha gente que está dispuesta a respaldar la narrativa de fraude aunque sepa que la evidencia no es contundente, esta subestimado el peligro que entraña un escenario como este. Pero aún quienes de plano están pidiendo golpe militar, que están demostrando que la democracia les importa poco o nada. 

Esa es mi posición sobre el tema. No creo que haya un caso sólido de fraude con la evidencia que he podido revisar, pero tampoco me cierro a que aparezca nueva evidencia. Me parece que estamos entre dos escenarios, ambos de negligencia inexcusable, solo que en uno hay distorsión de los resultados y en otro no. Yo no puedo concluir todavía entre estos dos porque, para eso, primero se tienen que resolver los casos que se han sometido a justicia electoral. Vuelto a repetir: es un escenario horroroso, pero eso no significa que sea un escenario de fraude, ni menos menos que justifique una ruptura democrática como un golpe militar.

Termino con una nota más personal. Cuando opino sobre estas cosas, algunos de ustedes me mandan mensajes preguntándome cómo hago para gestionar las repercusiones de lo que digo en mis espacios familiares, amicales, de trabajo, etc., porque les pasa a ellos que, al tratar de hablar sobre estas cosas, la situación se pone muy tensa o muy tóxica y prefieren no hacerlo para evitar perjudicar sus relaciones personales. 

Los espacios en los que yo me muevo también están atravesados por el mismo tribalismo que ustedes perciben en los suyos. Yo sé que por el oficio y las opiniones que tengo, me expongo a la desaprobación o al rechazo de algunos amigos, familiares o conocidos. Ya lo viví en el 2021, y se está repitiendo ahora. Pero este es el oficio y la responsabilidad que he asumido, con todos los sacrificios que vienen con ello. Mi compromiso es decir con honestidad lo que yo veo, independientemente de mis preferencias y sin someter el mensaje a lo que yo crea que ustedes quieren escuchar. Lo que me toca es decir lo que yo creo que se acerca más a la verdad. Y ciertamente no soy infalible, me puedo equivocar y enmendaré tantas veces como sea necesario cuando lo haga. Pero hay cosas que, en mi caso, son bienes superiores incluso al bienestar de mis relaciones personales. Uno es la verdad, y otro es la democracia. A mí me ha tocado levantar la voz contra fraudes evidentes fuera del país, como los cometidos en Venezuela y Bolivia, y dentro del país, como cuando, siendo universitario, protesté contra el fraude del 2000. Pero lo que estoy viendo ahora no es un fraude en el sentido estricto de la palabra. Y así como hay que cuestionar a quienes pueden intentar cometerlo, hay que cuestionar a quienes le imputan a otros la intencionalidad de cometer fraude para justificar ellos una respuesta a eso que sea, en sí misma, manipulatoria del resultado electoral y, por tanto, fraudulenta. Ambos escenarios son profundamente nocivos y fundamentalmente destructores de la democracia en el Perú, y por eso me toca sentar opinión, con todas las consecuencias que eso pueda tener para mí, con los amigos y familiares que me dejarán de hablar, con todo el “cariño” que recibiré en chats de whatsapp de lo más diversos. Puedo soportarlo. Lo que no puedo soportar es que perdamos en el Perú el aprecio por la verdad y por la democracia.

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