Advierten sobre riesgos de leyes del Congreso que aumentan gasto público
Tanto el Consejo Fiscal como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que uno de los principales riesgos para la economía peruana es la gran cantidad de iniciativas aprobadas por el Congreso que demandan considerables recursos fiscales.
En un comunicado, el Consejo Fiscal advirtió que durante las últimas tres sesiones del Pleno del Parlamento, se aprobaron 11 leyes y autógrafas que generan enormes obligaciones de nuevo gasto público permanente sin identificar fuentes de financiamiento. Según la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal, 7 de las 11 leyes o autógrafas aprobadas por el pleno en lo que va de 2026 tendrían un costo anual permanente para el fisco que asciende a S/11.400 millones.
Entre las medidas aprobadas con mayor costo fiscal identificadas por el Consejo Fiscal están la nivelación de las pensiones de los maestros jubilados y cesantes a la remuneración de los maestros en actividad, la cual tendría un costo fiscal anual estimado de S/ 8.000 millones, la modificación del régimen pensionario militar y policial, que tendría un costo total de aproximadamente S/ 15.000 millones, y la ley que otorga gratificaciones y CTS al personal del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que costaría anualmente al fisco aproximadamente S/ 3.000 millones.
El Consejo Fiscal también añadió que el Ejecutivo no ha dado una respuesta institucional “diligente, oportuna y firme” al problema ocasionado por el Congreso, dejando atrás la salvaguarda de la sostenibilidad de las finanzas públicas y descuidando el espacio fiscal que quedará disponible para las siguientes administraciones de gobierno.
La entidad comentó que se trata de una situación “especialmente crítica” porque sucesivas administraciones del Poder Ejecutivo han optado por no observar las iniciativas legislativas aprobadas, varias de ellas con costos fiscales significativos, y también se ha dejado de lado la facultad de llevar ante el Tribunal Constitucional normas con potenciales visos de inconstitucionalidad.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió tras su más reciente misión al Perú realizada entre el 10 y 25 de marzo de este 2026, que el reto central de nuestro país será corregir los desequilibrios fiscales estructurales, en medio de presiones de gasto que siguen proliferando desde el Congreso de la República; gestionar mejor los riesgos ante elevados precios energéticos, a raíz de la guerra en Medio Oriente; y abordar frontalmente la minería ilegal, así como las brechas tributarias y de infraestructura.
El FMI recordó en su declaración que el Perú podría obtener ahorros frenando las tendencias actuales en materia de empleo público y crecimiento salarial, así como mejorando las prácticas de contratación pública y la eficiencia de la inversión pública, lo que maximizaría, según explicó el FMI, el crecimiento y los rendimientos sociales. Asimismo, consideró que las reformas en Petroperú deberían continuar para mejorar la gobernanza, reducir costos y asegurar su viabilidad financiera.
Esta sugerencia se da en un contexto en el que el Ejecutivo ha nombrado como nuevo presidente del Directorio a Roger Arévalo Ramírez, quien se convierte en el presidente número 13 de la empresa estatal en menos de cinco años, y cuando el gobierno evalúa un nuevo rescate financiero por más de US$2.000 millones para la petrolera, según el Diario El Comercio.
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