Gobierno anuló contrato con PMO Vías, que forma parte del acuerdo G2G con Francia
Provías Nacional decidió anular el contrato firmado en 2021 con el consorcio francés PMO Vías para gestionar, planificar y brindar acompañamiento técnico a la construcción de tres importantes proyectos de infraestructura: la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa.
La anulación fue comunicada a PMO Vías por Provías Nacional el 3 de febrero en una misiva que argumentaba que una empresa vinculada a uno de los socios del consorcio, EGIS, había reconocido actos de corrupción en otro país, por lo que iban a aplicar la cláusula anticorrupción en el contrato.
El consorcio PMO Vías está formado por las empresas francesas EGIS y Setec y fue contratado en mayo de 2021 como parte del acuerdo de Gobierno a Gobierno firmado por el Estado peruano con Francia, para que brinde asistencia técnica en la ejecución de estos tres proyectos, que incluyen las dos obras necesarias para permitir el acceso al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. La construcción de la Nueva Carretera Central debía iniciarse este año y su ejecución ahora ha quedado en el limbo.
Hay que explicar que un acuerdo Gobierno a Gobierno o G2G es una modalidad de inversión pública en la que un gobierno contrata a otro para que este utilice su mayor expertise y se ejecuten las obras de una manera más eficiente.
En el Perú, esta modalidad se utilizó con éxito para concretar las obras para los Juegos Panamericanos pero, a diferencia de lo que pasa con una APP o Asociación Público Privada, los recursos requeridos son desembolsados por el gobierno peruano y no por una empresa privada que comparte la inversión y, por lo tanto, el riesgo.
PMO Vías publicó un comunicado afirmando que lo que se había anulado era el contrato Gobierno a Gobierno con Francia, pero la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles ha aclarado que ese acuerdo sigue vigente y lo que se ha anulado es el contrato para la asesoría técnica con las empresas francesas. El consorcio francés aseguró, además, que los argumentos están relacionados con supuestos hechos ocurridos antes de la firma del G2G, en otros países y en contextos completamente distintos.
¿Qué motivó esa decisión? El argumento de Provías Nacional es la existencia de un antecedente de corrupción reconocido por una empresa relacionada con EGIS y sanciones a esa compañía por organismos internacionales. Sin embargo, la ministra Miralles ha hecho énfasis en que lo que les preocupa es el costo total de la Carretera Central, que se calcula demandaría S/24.000 millones de recursos públicos.
En una entrevista con RPP, la ministra Miralles dijo, textualmente, que “este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso a un solo proyecto nos quita espacio para financiar colegios, hospitales y otras obras en todo el país”.
El tema aquí es que cuando un gobierno firma un contrato empeña la palabra del Perú y, por lo tanto, esta decisión podría afectar aún más la confianza que el país inspira a los inversionistas y demorar estas obras. Lo que seguramente sucederá ahora es que las empresas francesas abrirán un arbitraje contra el Perú para que sea un tribunal internacional quien decida si la decisión peruana estuvo justificada o no y si la empresa merece o no una multimillonaria indemnización.
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