Gobierno aprueba decreto para reorganizar Petroperú

Bloque político
El Gobierno de José Jerí aprobó ya el decreto de urgencia que se veía venir en el que dispone la reorganización de la empresa estatal Petroperú y la división de sus activos en uno o más bloques patrimoniales.
¿Por qué se está haciendo esto? Porque ya desde algún tiempo la situación financiera de Petroperú es insostenible. Tanto así que sucesivos gobiernos han tenido que ponerle más y más dinero a manera de rescate, porque la empresa está ahogada en deudas producto de decisiones financieramente irresponsables que tomó en el pasado, como mandarse a construir una nueva refinería en Talara que costó varias veces más de los que se tenía presupuesto y no hay cómo repagar esa inversión y mantener a flote a la compañía si no es con constantes ayudas del Tesoro público.
Ahora bien, en el Perú un sector de la opinión pública cree que es bueno que exista una empresa petrolera estatal como Petroperú, porque considera que se trata de un negocio “estratégico” para el país. Otro sector de la opinión pública considera, más bien, muy cuestionable que se estén destinando cantidades de dinero gigantescas para rescatar a una empresa estatal ineficiente e insolvente, cuando ese mismo dinero podría usarse para otros fines, como educación, salud, o erradicación de la anemia.
El economista Carlos Parodi ha recordado en su cuenta de X que el Estado peruano le ha entregado a Petroperú 17 mil millones de soles entre el 2022 y el 2025. Esa cantidad de dinero es enorme y resulta, a mi modesto entender, inmoral que se haya dilapidado en una empresa deficitaria.
El Gobierno de José Jerí parece haberse alineado con esta segunda interpretación, y este decreto de urgencia da a entender que se va a promover algún tipo de incorporación de capitales privados, venta de activos o esquema de privatización. Como ha declarado el ex ministro de Economía Waldo Mendoza en su cuenta de X, el desmanejo en Petroperú era de tal magnitud, que simplemente no hay alternativa: se tienen que tomar decisiones drásticas respecto de Petroperú, o sino va a seguir siendo un barril sin fondo que succiona recursos ingentes del fisco que, como les decía, podrían y deberían estar asignados a mejores fines.
No obstante ello, en el Congreso hay varias voces más alineadas con el primer grupo, y de ahí que ya se esté planteando en el parlamento presentar una moción de censura contra la ministra de Economía Denisse Miralles, que ha asumido la responsabilidad de impulsar estos cambios.
Aquí les explico algo más que es importante para entender esta situación. Si el Estado peruano toma decisiones drásticas respecto de Petroperú como reducir su planilla, quienes van a tener una razón muy concreta para oponerse a ello son las personas que trabajan en Petroperú que podrían perder sus empleos. Perder su fuente de ingresos es una tragedia para cualquier persona y es perfectamente entendible que muchos se solidaricen con ello. Pero ese es un lado de la ecuación. Como les decía, el dinero que destina el Estado peruano para rescatar a una empresa estatal que no puede sostenerse sola es dinero de los contribuyentes que podría orientarse a otros fines. Podría usarse para mejorar la situación de miles o cientos de miles de compatriotas, por ejemplo, erradicando la anemia o garantizándoles una mejor educación o menos inseguridad.
El tema que hay que entender aquí es que un los de la ecuación está organizando y son, desde la óptica de los políticos, votantes identificables, mientras que los que están del otro lado -digamos, niños afectados por la anemia- no están organizados y no representan votos capitalizables. Por esta razón es que cuando se discuten temas como dejar de rescatar a una empresa estatal quebrada, los primeros pueden ejercer mucho mayor presión sobre los políticos que los segundos. Pero eso no significa que tengan razón o que su interés sea superior al de los segundos. Desde mi óptica particular, la discusión sobre la existencia o continuidad de las empresas estatales debe orientarse a si benefician o no los intereses generales de los ciudadanos del país, no los intereses particulares de las personas a las que emplean. Porque, aunque muchos políticos lo vean así -equivocadamente en mi opinión- el objetivo de una empresa estatal no puede ser principalmente generar empleo sostenido con los recursos del Tesoro público. Desde mí óptica, sí se puede justificar la existencia de una empresa estatal utilizando un argumento de subsidiariedad, vale decir, que no hay empresa privada dispuesta a hacer algo necesario, y por tanto el Estado tiene que garantizarlo de alguna manera. Pero Petroperú no es una empresa que se pueda explicar con un argumento de subsidiariedad y es, además, una empresa particularmente quebrada, de manera que en mi evaluación de las cosas, sí se justifica, plenamente, que el gobierno tome decisiones drásticas para evitar que esta siga dilapidando los recursos públicos. Pero tampoco se trata de que el Estado los dilapide en alguna otra cosa. A mí lo que me gustaría escuchar, concretamente, es que el Gobierno diga, toda este dinero que vamos a dejar de gastar en Petroperú o que vamos a obtener por vender tal activo de Petroperú, lo vamos a utilizar para conseguir estos objetivos -digamos, sacar a tantos peruanos de la anemia- para que luego podamos supervisar los propios ciudadanos si cumplieron su palabra o no.
Ok, paso a otras cosas. En vísperas de año nuevo, ocurrió un nuevo atentado en la zona de Pataz, concretamente en el ingreso a una socavón en las operaciones de Compañía Minera Poderosa, en una bocamina conocida como Papagayo. Según las últimas informaciones, habría por lo menos tres personas fallecidas.
Lo que pasó es que un grupo de delincuentes, como unos diez, intentó entrar a la fuerza a esta mina para robar oro, y fueron repelidos por la seguridad de Poderosa. La cifra de tres fallecidos ha sido confirmada por las autoridades locales, pero podría ser mayor. Estos tres son parte del grupo que quiso entrar a robar.
El alcalde de Pataz Aldo Mariños comentó al respecto “El Gobierno central tiene que entender que ha fracasado el estado de emergencia”, y exigió que el presidente encargado José Jerí lo vuelva a recibir.
Como sabemos, este no es ni por asomo el primer atentado contra las instalaciones de Poderosa. Ya ha habido atentados anteriores con víctimas mortales, porque algunos mineros ilegales son así de avezados, y quieren tomar estos yacimientos a la fuerza.
Y en efecto, existe un estado de emergencia decretado por el Gobierno pero esto no parece disuadir en lo más mínimo a quienes siguen buscando tomar control ilegalmente de estos yacimientos, haciendo uso de la violencia.
El Poder Judicial ha decidido abrir una investigación preparatoria contra la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, y falsedad genérica, así como por supuestamente instigar el delito de usurpación de funciones.
Todo esto se relaciona a la supuesta participación de Delia Espinoza en la aprobación de un reglamento que, según entiende el Congreso -y por eso la ha inhabilitado de ejercer cargos públicos- se rebeló en contra de una ley que disponía darle mayor protagonismo a la policía en lan investigacion del delito en detrimento de la fiscalía. Ya les he comentado antes en el programa que no se entiende bien por qué esta imputación es solo contra Espinoza cuando ella ni siquiera participo o firma de ese decreto, porque no de aprobó en la junta de fiscales supremos.
Pero en fin, el actual fiscal de la nación Tomás Aladino Gálvez promovió esta investigación contra Espinoza y ya le Poder Judicial ha decidido darle curso. Veremos si termina prosperando o no.