Gobierno de Balcázar evalúa dejar sin efecto reorganización de Petroperú

El gobierno de José María Balcázar ha dejado abierta la puerta al retroceso en una de las reformas más importantes iniciadas por José Jerí y ha decidido promulgar una de las leyes aprobadas por el Congreso que podrían ser más dañinas para la estabilidad de la economía, iniciando una peligrosa tendencia que podría complicar al próximo gobierno.

El mandatario sostuvo ayer una reunión con representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe) y la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol), sindicatos de Petroperú, en la que se evaluó la posible derogatoria del decreto de urgencia que se emitió el 31 de diciembre del 2025 para ordenar la reorganización patrimonial de la petrolera estatal. 

Lo que ha dicho Balcázar es que están evaluando la derogación de esta norma con el fin de fortalecer a Petroperú en el actual contexto de crisis energética global. El mandatario dijo que la situación de Petroperú viene siendo analizada por el Ejecutivo y adelantó que en los próximos días se tomará una decisión al respecto.

Este anuncio es realmente preocupante porque la situación financiera de Petroperú es insostenible, con niveles de deuda que han obligado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a utilizar dinero de todos los peruanos para cubrir los pagos de sus obligaciones financieras y a aprobar rescates financieros por casi S/ 18.000 millones en los últimos cuatro años. Si no se toman medidas para atraer inversión privada y resolver esta situación, se van a requerir más recursos que podrían destinarse a cubrir otras necesidades. 

En un contexto de incertidumbre sobre los ingresos fiscales, es inaceptable también que el gobierno haya promulgado la Ley 32563, que ordena que los trabajadores estatales del régimen CAS, de Contrato Administrativo de Servicios, reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y también accedan al beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio, a pagarse al final del vínculo laboral. 

El Instituto Impulso Fiscal ha calculado que esta norma implicará un costo anual de S/ 3.000 millones, monto que va a implicar un mayor déficit fiscal, un mayor endeudamiento o tener que redirigir recursos destinados a cumplir otras funciones o ejecutar obras de infraestructura. 

Expertos y exministros de Economía habían advertido sobre las consecuencias nefastas de esta iniciativa y el presidente del Banco Central  de Reserva (BCR), Julio Velarde, había señalado que el Ejecutivo debía observar este proyecto, pero el gobierno de Balcázar ha optado por ceder a las presiones políticas y promulgarla sin medir sus consecuencias. 

Con estas dos decisiones, José María Balcázar está complicando la situación fiscal aún más para el siguiente gobierno, quien tendrá que tomar decisiones difíciles para moderar el déficit fiscal, la diferencia entre los gastos e ingresos del gobierno, o poner en riesgo una de las pocas cosas que hemos hecho bien como país en las últimas décadas: el manejo responsable de las finanzas públicas. 

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