Propuestas de consenso para transformar en la educación básica regular en el Perú
Las propuestas contenidas en el presente documento son el resultado de un proceso de diálogo llevado a cabo en la segunda mitad del año 2025 que convocó a especialistas diversos con la finalidad de llegar a consensos sobre lo que pueden hacer el Gobierno y el Congreso que saldrán elegidos en el 2026, independientemente de sus posiciones políticas, para impulsar un cambio transformacional en la educación básica regular en el Perú.
Participaron como dialogantes en este proceso, que estuvo moderado por Augusto Townsend, las siguientes personas de comprobado compromiso con la educación en el país, quienes conformaron un grupo que integró especialidades, roles y perspectivas diferentes:
- Hugo Díaz
- Killa Miranda
- Helí Ocaña
- Jorge Yzusqui
- Mónica Muñoz Nájar
- Santiago Cueto
- León Trahtemberg
- María Luisa Hoyos
- Paul Neira
- Lieneke Schol
Los dialogantes acordaron hacer el esfuerzo de confrontar ideas constructivamente y aproximarse en sus posiciones para desarrollar una agenda mínima que pueda causar un impacto significativo en el sector educativo, considerando los enormes retos que enfrenta.
El presente documento reseña las 11 propuestas aprobadas por unanimidad como resultado del diálogo. Como se podrá apreciar, están planteadas como acciones que se pueden implementar dentro de los cinco años del mandato gubernamental que iniciará tras las elecciones del 2026.
Manifiesto de los dialogantes
Con cada nuevo proceso electoral, como el que tendremos en el 2026 para elegir un nuevo Gobierno y Congreso, se nos presenta la oportunidad de imaginar un país mejor, que realmente asegure un camino hacia la prosperidad para todos sus ciudadanos.
Al mismo tiempo, resulta evidente que los desafíos que enfrentamos para transitar por ese camino son grandes y complejos, y requieren que, como sociedad, seamos capaces de ponernos de acuerdo en torno a una agenda mínima de reformas urgentes.
En esa línea, quienes suscribimos el presente documento estamos convencidos de la necesidad de impulsar cambios verdaderamente transformacionales en el sector educativo peruano.
Pese a la diversidad de nuestros roles y perspectivas, elegimos participar en un proceso de diálogo con el fin de llegar a propuestas de consenso para transformar la educación básica regular en el Perú, las cuales debían ser suficientemente ambiciosas pero, al mismo tiempo, posibles de ser implementadas dentro de un periodo gubernamental.
El trabajo estuvo guiado por los siguientes principios que, en nuestra consideración, deben inspirar la transformación del sistema educativo peruano:
- Poner el interés del estudiante, su aprendizaje y su bienestar, en el centro de la discusión y por encima de cualquier otra consideración.
- Impulsar una formación docente meritocrática acorde con los desafíos educativos, laborales y sociales que presenta el siglo XXI.
- Reducir en el plazo más breve posible las brechas sociales e inequidades que perduran en el sistema educativo peruano.
- Darle mayor libertad y espacio para innovar a las instituciones educativas, sobre todo para que puedan adaptarse a sus respectivos contextos.
- Diseñar un arreglo institucional en el sector Educación que permita que haya estabilidad en la gestión y en política pública más allá de los ciclos electorales.
Sobre la base de esos principios, los dialogantes logramos ponernos de acuerdo, por unanimidad, en las propuestas detalladas en las siguientes páginas, que ponemos a consideración de quienes sean elegidos autoridades en el 2026.
PRIMER PILAR: EL ESTUDIANTE AL CENTRO
PROPUESTA # 1 : Presupuesto que priorice al estudiante
En el Perú, el presupuesto educativo representa un esfuerzo significativo pero su distribución actual concentra un 70% en gastos de personal, dejando limitados recursos para infraestructura, mantenimiento, materiales, apoyo pedagógico y servicios directos al estudiante. Para transformar la educación, proponemos una reformulación del presupuesto centrada en el estudiante, que incluya:
- Canalizar recursos directos a las escuelas para mantenimiento, equipamiento y proyectos pedagógicos, promoviendo su buen uso.
- Fortalecer programas de apoyo académico y socioemocional, asegurando que cada estudiante reciba acompañamiento adecuado y que las escuelas cuenten con profesionales que trabajen los temas socioemocionales.
- Diseño de un sistema de asignación financiera que priorice a las escuelas que atienden poblaciones vulnerables.
- Impulsar e incentivar la innovación y la formación docente de alta calidad, pero con criterios de impacto real y medible en el aprendizaje.
- Implementar mecanismos de eficiencia y evaluación por resultados, para que la inversión contribuya efectivamente al desarrollo de competencias y la equidad educativa.
Con esta orientación, los estudiantes pasan a ser el centro del sistema, sin desatender el desarrollo profesional de los docentes, y se construye un modelo educativo más justo, eficiente y capaz de preparar a nuestros jóvenes para los desafíos del futuro.
PROPUESTA # 2: Sistema de seguimiento y acompañamiento al estudiante
Durante los dos primeros años de mandato, el nuevo Gobierno debe crear un sistema nacional de seguimiento y acompañamiento que permita monitorear de manera contínua el progreso académico y el bienestar de cada estudiante. Este sistema debe identificar a tiempo dificultades en el aprendizaje, señales de malestar emocional o riesgos de convivencia, y activar apoyos oportunos antes de que los problemas se agraven.
El sistema deberá operar de manera articulada y escalonada. El primer nivel de intervención será la escuela, donde los equipos directivos y docentes –previamente capacitados– realizarán la detección inicial de casos y atenderán aquellos que sean leves o moderados, tanto académicos como emocionales. Para ello se implementará un marco nacional de clasificación de casos (tipo “semáforo”) que permita distinguir qué situaciones puede resolver la escuela y cuáles deben escalarse. Todas las incidencias se registrarán en una plataforma nacional de seguimiento.
El segundo nivel lo asumirán las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que se transformarán en unidades de soporte pedagógico y bienestar. Deberán contar con equipos especializados en dificultades de aprendizaje, convivencia y salud emocional. Su rol será intervenir en casos complejos, persistentes o que superen la capacidad de la escuela, brindar acompañamiento técnico a los directores y facilitar su derivación a instituciones especializadas del Estado. Además, el sistema de información permitirá que las UGEL actúen no solo a pedido de las escuelas, sino también proactivamente, cuando detecten patrones inusuales —alto número de alertas, repuntes de violencia, retrocesos en aprendizajes— en determinado territorio o institución educativa.
En zonas rurales, donde muchas escuelas no cuentan con psicólogos ni personal especializado, las UGEL organizarán equipos itinerantes que brindarán apoyo presencial y remoto, asegurando la cobertura territorial y la atención oportuna. Con este modelo, el país contará con un sistema integral que proteja el bienestar de los estudiantes, mejore sus aprendizajes y fortalezca la capacidad de respuesta de las instituciones educativas en todos los contextos.
PROPUESTA # 3: Educación habilitadora de derechos
Dentro de los primeros dos años de mandato, el Gobierno debe asegurar el adecuado desarrollo de la competencia 16 del Currículo Nacional de la Educación Básica (“Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común") en las instituciones educativas a nivel nacional.
Para tal efecto, se debe encomendar a la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación (Minedu) que defina mecanismos específicos para monitorear los aprendizajes en torno a dicha competencia, incluidos sistemas de evaluación acordes con las mejores prácticas internacionales en materia de educación en ciudadanía.
Asimismo, se debe fomentar que las Redes Pedagógicas le den especial atención al intercambio de buenas prácticas en lo que respecta a: desarrollo de pensamiento crítico, conocimiento sobre los derechos y deberes ciudadanos, capacidades de diálogo y debate constructivo, buenas prácticas informativas, y participación ciudadana y democrática en los estudiantes.
SEGUNDO PILAR: DOCENTES Y GESTORES QUE TRANSFORMAN
PROPUESTA # 4: Actualización docente para los desafíos del siglo XXI
Dentro del segundo año de mandato, el Gobierno debe crear y empezar a implementar una política de actualización docente a escala nacional que permita a los docentes alcanzar la excelencia profesional y estar a tono con los criterios pedagógicos más modernos.
En esa línea, se propone considerar las siguientes medidas:
1) Fortalecer el sistema de licenciamiento de Institutos Pedagógicos y Facultades de Educación de instituciones públicas y privadas y fomentar la acreditación para que converjan a estándares de calidad internacionales.
2) Ampliar el programa de becas en el exterior para docentes de buen desempeño, apuntando a los principales centros de formación del mundo para tener una vanguardia de docentes capaces de liderar el cambio.
3) Reformular el sistema de acompañamiento docente, aprovechando idealmente el marco de las Redes Pedagógicas, que permita que los docentes tengan acceso permanente a la asesoría de personal más experimentado para resolver los desafíos del día a día y asegurar la mejora continua de su práctica pedagógica, elevando los estándares en la enseñanza de sus materias.
PROPUESTA # 5: Desarrollo de capacidades de gestión en directivos de instituciones educativas
Dentro del segundo año de mandato, el Gobierno debe lanzar un programa de capacitación en gestión para personal directivo de las instituciones educativas a escala nacional que les permita estar en la capacidad de entregarle a los docentes las facilidades y el respaldo necesarios para que puedan desempeñarse de manera óptima. Estas mismas oportunidades de capacitación deben estar al alcance del personal de las UGEL que asuma el rol de dirección en los casos de escuelas unidocentes o multigrado.
TERCER PILAR: UN ESTADO QUE REDUCE INEQUIDADES
PROPUESTA # 6: Cierre de brechas a nivel nacional
Dentro del primer año de mandato, el Gobierno deberá completar un nuevo censo para establecer una medición a escala nacional de las brechas reales de infraestructura educativa, y acceso a servicios y condiciones mínimas, poniendo especial énfasis en los siguientes aspectos:
1) Acceso continuo a suministro eléctrico.
2) Acceso continuo a servicio de agua y saneamiento.
3) Conectividad a internet de alta velocidad.
4) Equipamiento tecnológico para fines educativos.
5) Saneamiento legal de los inmuebles donde operan las escuelas.
La realización de este nuevo censo no debe suponer la paralización de obras o acciones destinadas a cerrar brechas que se hayan planificado utilizando como base anteriores mediciones.
Una vez actualizado el censo, el Gobierno debe plantear una estrategia con objetivos anuales concretos de reducción de brechas que encamine factiblemente al país a lograr cerrar por completo las brechas en dos mandatos presidenciales como máximo. En las instituciones educativas de gestión privada, se debe asegurar que las anteriores condiciones se cumplan por acción de sus promotores.
PROPUESTA # 7: Fondo para atención inmediata de urgencias
Dentro de los primeros dos años de mandato, el Gobierno debe tomar como base el fondo de mantenimiento preventivo que permite a las instituciones educativas atender urgencias y ampliar su alcance para que pueda resolver problemas o imprevistos que pudieran comprometer la adecuada provisión del servicio educativo a los estudiantes.
Para tal efecto, el Gobierno debe crear una política que señale expresamente los fines para los cuales puede ser utilizado este fondo y los controles a implementarse para evitar la mala utilización de los recursos. La entrega de estos debe realizarse a través del sistema de atención que manejan las UGEL.
CUARTO PILAR: ESCUELAS QUE INNOVAN
PROPUESTA # 8: Simplificación regulatoria
Dentro del primer año de mandato, el Gobierno debe conducir una revisión exhaustiva de la normativa general o sectorial aplicable a las escuelas para identificar regulaciones que obstaculizan el funcionamiento de las instituciones educativas sin generar un beneficio tangible para los estudiantes, particularmente aquellas que limitan su capacidad de adaptarse a la realidad local con miras a obtener mejores resultados educativos.
PROPUESTA # 9: Fomento a la innovación
Dentro de los primeros dos años de mandato, el Gobierno debe desarrollar estrategias para incentivar la innovación en modalidades de enseñanza y programas educativos que puedan desarrollar los docentes y las instituciones educativas, de manera que quede claro, particularmente a quienes realizan labores de supervisión desde el Minedu, que la innovación educativa debe ser promovida antes que penalizada y que debe prevalecer una interpretación flexible antes que rígida del marco que da la enseñanza basada en competencias según está definida en el Currículo Nacional de la Educación Básica.
Para potenciar lo anterior, el Gobierno podrá crear un programa de aliento a la innovación e investigación educativa orientado a mejorar los aprendizajes, que será gestionado por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP), el cuál deberá contar con mayores recursos y una gobernanza reforzada, pudiendo convertirse en una unidad ejecutora similar a la Biblioteca Nacional del Perú.
PROPUESTA # 10: Sistema para replicar buenas prácticas educativas
Dentro de los primeros tres años de mandato, el Gobierno deberá crear un sistema soportado por las Redes Pedagógicas que permita identificar a nivel nacional buenas prácticas educativas que estén obteniendo resultados destacados, para luego sistematizarlas y convertirlas en modelos que se puedan adaptar e implementar en otras instituciones educativas de cualquier parte del territorio.
QUINTO PILAR: UN SISTEMA EDUCATIVO QUE MIRA AL FUTURO
PROPUESTA # 11: Visión educativa que trascienda el ciclo político
Dentro del primer año de mandato, el Gobierno debe impulsar una reforma institucional que cree un organismo con autonomía constitucional al cual se le asignen las siguientes responsabilidades:
- Definir y revisar periódicamente (por ejemplo, de manera trienal) la visión y los objetivos del sistema educativo peruano, que deben proyectarse, como mínimo, a los siguientes 20 años.
- Diseñar el modelo educativo nacional (qué aprender, para qué y cómo) y, en esa línea, realizar una revisión periódica del currículo con base en evidencias y proponer la manera como se deben reconocer los méritos de los docentes.
- Emitir opinión institucional vinculante dentro del proceso de elaboración de políticas públicas educativas en el Gobierno, especificando si las políticas propuestas van en línea o contradicen la visión y los objetivos del sistema educativo peruano.
Este organismo autónomo debe tener diez integrantes elegidos meritocráticamente, de manera similar a cómo se elige a los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, y gozar de los mismos niveles de autonomía. A partir del tercer año de funcionamiento, el Gobierno en funciones solo podrá reemplazar a uno de sus integrantes por año, que deberá haber cumplido tres años de mandato como mínimo, para así garantizar estabilidad en la marcha de la institución.
