Consejo Fiscal advierte que aumento de pensiones para las FF.AA. y la PNP tendrá un costo fiscal de más de S/46 mil millones
La Sunat ha empezado a aplicar el cobro de impuestos a 34.000 propietarios que alquilaban sus propiedades mediante plataformas digitales como Airbnb y que no estaban cumpliendo con el pago de tributos.
De acuerdo con Gestión, el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo, explicó que estos 34.000 casos han sido detectados a través de la aplicación de mecanismos de intercambio internacional de información, durante una conferencia de prensa tras la presentación del informe de Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El informe elaborado por la OCDE precisa que el 100% de los usuarios que venían siendo investigados por la autoridad tributaria durante el ejercicio fiscal 2023 no había declarado ni pagado el impuesto a la renta dentro de los plazos establecidos por la legislación peruana pero que ahora están empezando a cumplir con el pago de los impuestos debido a un trabajo de asistencia y facilitación de la autoridad tributaria.
¿En qué consistió este trabajo de facilitación? Franco Castillo explicó que la administración tributaria introdujo modificaciones en el régimen de gradualidad para permitir que accedan a una rebaja en las multas por la falta de presentación de declaraciones de impuestos mediante un proceso de regularización voluntaria o inducida.
Posteriormente, señala el informe, la Sunat envió avisos preventivos a los propietarios a través de sus buzones electrónicos en el Sistema de Operaciones en Línea y por correo electrónico buscando la regularización voluntaria de los pagos pendientes.
El reporte de la OCDE señala que la Sunat espera que los resultados de esta estrategia se materialicen en un futuro próximo y tiene la intención de informar sobre los logros en términos de un mayor cumplimiento y la identificación de ingresos adicionales.
El caso con los alquileres digitales no es el único en el que se activó el mecanismo de intercambio de información, en el que se solicita a las administraciones tributarias de más de 15 países que compartan data relevante para una investigación fiscal.
El informe de la OCDE estimó que, del 2023 al 2025, se identificó un total de S/ 585 millones recaudados por el apoyo de esta herramienta. Solo el año pasado, el intercambio de información permitió recuperar más de S/ 260 millones en recaudación y para este año se superaría dicha cifra y llegaría hasta los S/ 300 millones, de acuerdo con Franco Castillo.
El mecanismo de intercambio de información con otros países también ha permitido a la Sunat identificar a más de 15.000 peruanos que mantenían cuentas y patrimonios en el extranjero sin declarar ante la administración tributaria.El Consejo Fiscal publicó un informe en el que advierte que el costo de las modificaciones aprobadas por el Congreso al régimen de pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrá un costo fiscal de S/ 46 mil millones en valor presente.
La Dirección de Estudios Macrofiscales (DEM) del Consejo Fiscal elaboró un informe técnico que analiza los efectos de la Ley N° 32561, que fue promulgada el 22 de marzo y que fue aprobada por insistencia por el Congreso, sin hacer caso a las observaciones del Ejecutivo.
El principal cambio que ordena la norma es que la pensión de retiro para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que cumplan 30 años de servicio equivaldrá al 100% de la remuneración que recibe el personal en actividad, muy por encima del 55% estipulado previamente.
La Ley 32561 también incrementa la pensión de viudez al 100% del sueldo, la de orfandad y ascendencia al 50%, y se extienden los beneficios relacionados con orfandad hasta los 28 años. Asimismo, se eliminan las restricciones de acceso y se amplían los subsidios por fallecimiento, invalidez e incapacidad.
¿De dónde saldrán los recursos para financiar esas pensiones? La ley incrementa los aportes para financiar la pensión, tanto del personal policial y militar, como del Estado. Anteriormente, se descontaba 13% de la remuneración y el Estado aportaba el equivalente a un 6% y ahora, el descuento se incrementa al 15% y el aporte estatal, a 10%.
Pero lo que estima el Consejo Fiscal es que incluso ese mayor descuento y aporte es insuficiente para financiar las nuevas pensiones. El análisis técnico advierte que para lograr la sostenibilidad del régimen, la tasa de aporte conjunta debería elevarse al 42% de la remuneración, manteniendo el 15% de descuento para el personal e incrementando la contribución estatal a un 27%.
Según estimaciones de la Dirección de Estudios Macrofiscales, la Ley 32561 incrementaría el costo fiscal neto del régimen previsional en S/ 46 mil millones, en valor presente. Este incremento se explica principalmente por que el gasto en la planilla de pensiones se incrementará en S/ 38.900 millones y por los aportes del Estado aumentarán S/ 14.400 millones y los mayores aportes del personal activo en S/7.200 millones no alcanzará para cubrirlos.
El Consejo Fiscal calcula que el gasto fiscal anual adicional llegaría a S/ 1.300 millones en los primeros veinte años y se incrementaría a S/ 16.100 millones en 50 años, alcanzando un máximo del 0,14% del PBI anual, cifra que supera el gasto en inversión de los sectores Defensa e Interior y representa hasta el 90% de todo el gasto en bienes y servicios de estos sectores, según datos oficiales de 2025.
El Consejo Fiscal explica que esta norma, que podría presentar “indicios de inconstitucionalidad” por crear obligaciones de gasto público sin establecer una fuente de financiamiento, se suma a las 268 leyes con impacto fiscal adverso que el Congreso ha aprobado entre 2024 y 2026.
Si quieres escuchar la noticia económica con Ale Costa en video, la encuentras aquí abajo:
