Doe Run acepta pagar $150 millones a demandantes peruanos por caso relacionado con la contaminación en La Oroya

La minera estadounidense Doe Run, que operó por una década el Complejo Metalúrgico de La Oroya a través de una subsidiaria en nuestro país, acordó pagar US$ 150 millones a 1.373 peruanos para finalizar un antiguo litigio donde los demandantes acusaban a la compañía de haberlos expuesto durante su niñez a intoxicación por plomo, de acuerdo con un reporte de la agencia The Associated Press. 

La información sobre el acuerdo para evitar el litigio fue difundida por Schlichter Bogard, un estudio de abogados de San Luis, en el estado de Missouri, que defendió a los demandantes.

La demanda fue presentada hace 19 años, en el 2007, en un tribunal estatal, en nombre de 17 niños, pero luego fue consolidada en un tribunal federal con otros 40 casos y, al final, el estudio de abogados llegó a representar a más de 1.000 demandantes. En la demanda se alegaba que la subsidiaria de Doe Run no redujo las emisiones de plomo en su complejo metalúrgico ubicado en La Oroya, a más de 3.745 metros de altitud en la región Junín, lo que provocó lesiones y daños permanentes.

La firma de abogados indicó que la fase inicial del litigio iba a iniciarse el martes, pero señaló, textualmente, que el acuerdo entre las partes “pone fin a una batalla legal de casi dos décadas y a uno de los casos transnacionales de responsabilidad por daños tóxicos más prolongados que se han litigado en los tribunales estadounidenses”.

Por su parte, la estadounidense Doe Run indicó en un comunicado que antes de que su subsidiaria asuma las operaciones de la fundición, La Oroya estaba contaminada por emisiones de 75 años de operaciones previas, primero por propietarios privados y después otros 22 años mientras la fundición se convirtió en una empresa estatal de Perú.

Matt Wohl, presidente y director ejecutivo de Doe Run, dijo lo siguiente: “aunque nos hubiera gustado que se celebrara el juicio, hemos optado por dejar esto atrás y centrarnos en lo que realmente importa: dirigir nuestro negocio, atender a nuestros clientes e invertir en nuevas tecnologías para el futuro”. Wohl añadió que todas las empresas con filiales en el extranjero corren un riesgo cuando los tribunales estadounidenses tramitan casos que “tienen poco o nada que ver con este país”.

En 2024, en otro caso relacionado a la contaminación en La Oroya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Perú de la violación del “derecho al medio ambiente sano” en perjuicio de 80 vecinos.

La sentencia de la Corte explicaba que la contaminación del agua, aire y suelos en La Oroya provocó que en 2006 la ciudad fuera catalogada como una de las diez más contaminadas del mundo y obligaba al Estado peruano a realizar estudios para determinar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya, a preparar un plan de remediación ambiental y brindar atención médica gratuita a las víctimas e indemnizar a cada una con sumas que varían entre los 15.000 y 30.000 dólares.

No obstante, al momento Perú no ha cumplido con casi la totalidad de obligaciones de la sentencia, dijo a la agencia AP Leonidas Wiener, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.