El Consejo de Ministros aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público del 2027

Además del pedido de facultades delegadas, el primer ministro Luis Galarreta anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2027, el cual deberá ser enviado al Parlamento junto con otras dos iniciativas que definen cómo se financiarán los desembolsos del aparato público el próximo año.

La Ley de Presupuesto es la norma más importante que debe aprobar cada año el Congreso porque define cuánto y en qué gastarán recursos las entidades del Estado y será la primera vez en las últimas décadas en la que su debate y aprobación se dará en un Parlamento con dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. 

Hasta el año anterior, la Comisión de Presupuesto debatía y aprobaba un dictamen, agregando usualmente mayores recursos para el propio Congreso y para sus regiones, dictamen que luego debía ser debatido y aprobado por el Pleno. Ahora, será la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República la responsable de analizar la propuesta elaborada por el Ejecutivo y de elaborar un dictamen que deberá debatirse en el Pleno del Congreso, donde se reunirán los diputados y los senadores, y cada cámara deberá brindar su voto en mayoría de manera simultánea antes de que termine noviembre. 

¿Qué pasa si una de las dos cámaras no aprueba el dictamen antes del 30 de noviembre? Como explicó hace unos días el Diario El Comercio, existe un vacío legal respecto a qué sucedería, pero la legislación actual determina que si el Congreso no llega a aprobar la Ley de Presupuesto para esa fecha, el Ejecutivo tiene libertad para promulgar el proyecto original que envió al Parlamento. 

A diferencia de lo que ha pasado en años anteriores, donde la presidencia de la Comisión de Presupuesto estaba en manos de otras fuerzas políticas, la comisión bicameral es presidida por José Arista, senador que no solo forma parte de la bancada de Fuerza Popular, sino que ha sido ministro de Economía del gobierno de Dina Boluarte y gobernador regional de Amazonas. 

Esta experiencia debería permitirle ejercer mayor resistencia frente a las presiones de los parlamentarios para, por ejemplo, incluir proyectos de inversión para sus regiones en el Anexo 5, donde se listan los proyectos priorizados, o agregar disposiciones complementarias que incrementen el gasto máximo para el próximo año que debe ser definido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el proyecto y no puede ser modificado por el Parlamento. 

En este proyecto a lo que habrá que prestarle atención es a cuánto se incrementa el gasto total del aparato público para el 2027, es decir, si el gobierno lo aumenta de manera responsable o pretende abrir las puertas de la caja fuerte del Tesoro Público el próximo año. Por ejemplo, Keiko FUjimori ya ha adelantado que el próximo año se implementará el aumento a Pensión 65 que anunció en su Mensaje a la NAción. 

Será importante también a qué sectores se le da prioridad al repartir la torta de los recursos públicos y si se busca un balance entre los recursos disponibles para el gobierno central, los regionales y las municipalidades. 

Además de esta norma, el Ejecutivo debe enviar al Parlamento la Ley de Endeudamiento Público, que fija topes para la mayor deuda que puede crear el gobierno el próximo año y la Ley de Equilibrio Financiero, que define las fuentes de recursos que podrán usarse para financiar los gastos de la Ley de Presupuesto.