El Gobierno aprobó un nuevo rescate financiero para Petroperú

El Gobierno aprobó ayer un nuevo rescate financiero para Petroperú que obligaría al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a respaldar futuros compromisos financieros de la petrolera por hasta US$2.000 millones. 

Lo que autoriza el Decreto de Urgencia 003-2026 es que Petroperú cree un vehículo de propósito especial, es decir, una entidad subsidiaria de la petrolera que podrá recibir, canalizar y reponer aportes de entidades nacionales e internacionales y que el Minem podrá asumir compromisos contingentes por hasta US$2.000 millones con esas entidades.

Los recursos canalizados a través de este vehículo, establece el decreto de urgencia, solo podrán ser utilizados, previa autorización de Proinversión, para tres fines: financiar capital de trabajo, recomponer el stock de combustibles y otros insumos, y cubrir servicios necesarios para la producción y suministro de hidrocarburos.

¿Qué significa esto? Como sabemos, debido al pésimo manejo de la petrolera estatal durante los últimos años y al costo de la modernización de la Refinería de Talara, Petroperú está hundida en deudas. A diciembre del año pasado, los estados financieros de la empresa muestran que debía un total de U$6.266 millones a diversos acreedores como bonistas, proveedores, prestamistas y el propio Estado peruano. 

Debido a este alto nivel de deuda, que la empresa no está en capacidad de pagar, ninguna entidad puede permitirse prestar dinero directamente a Petroperú. Se entiende entonces que la estrategia es crear esta entidad aislada financieramente de la petrolera para que se concentre en ella el financiamiento que otorguen entidades privadas y que sea esta subsidiaria la responsable de los pagos, con una garantía no financiera que otorgará el Minem. 

¿Qué significa esta garantía no financiera? El premier Luis Arroyo lo explicó, textualmente, así: “se trata de un respaldo estratégico para generar confianza en el mercado privado sin salida de recursos del tesoro. Este modelo tiene un principio fundamental: proteger el dinero de todos los peruanos”.

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, detalló que el plazo de pago de este financiamiento será de siete años y dijo, textualmente, que “no estamos ante un salvataje tradicional en el que se comprometen los recursos de los peruanos. Lo que se ha logrado es que la banca internacional aperture una línea de crédito que será manejada por Proinversión".

¿Es en realidad una operación que no pone en riesgo recursos públicos? El ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, opina que no y calificó el decreto de, entre comillas, escandaloso, de acuerdo con el Diario Gestión. Explicó, textualmente, “que el Gobierno acaba de abrir la puerta para asumir hasta US$2.000 millones adicionales en compromisos contingentes para sostener a Petroperú, más costos financieros. Y aunque formalmente dicen que los asume el Minem, en la práctica el riesgo termina recayendo sobre todos los peruanos vía Tesoro Público".

Y explicó que, aunque se utilizan vehículos especiales y fideicomisos para presentar esta garantía como no soberana, es decir, no atada al Tesoro Público, consideró que “cualquier mercado o clasificadora de riesgo entenderá que se trata de una garantía implícita del Estado” y que esto “puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica”.

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