Fenómeno El Niño: Más de 2.300 proyectos de gestión de riesgos y emergencias están paralizados o abandonados

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Fenómeno El Niño: Más de 2.300 proyectos de gestión de riesgos y emergencias están paralizados o abandonados

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), más de 2.300 proyectos de inversión diseñados para gestionar riesgos y emergencias, que nos podrían preparar mejor para el embate del Fenómeno El Niño este año, estaban paralizados o abandonados al cierre del 2025. 

Estos 2.368 proyectos representan el 58% de las inversiones en este rubro y, lo más preocupante es que en las regiones más expuestas a las lluvias intensas durante el Fenómeno El Niño Costero, como las de la costa y la sierra norte, el porcentaje de obras paralizadas o abandonadas aumentó tres veces más que en el resto de regiones entre el 2019 y el 2025, según el informe publicado por el Diario El Comercio. 

Si miramos a quiénes son los responsables de esta paralización, veremos que el 43% de los proyectos paralizados o abandonados están en manos de los gobiernos regionales, un porcentaje mayor al 34% del total de inversiones en este rubro, lo que deja claro que los gobiernos subnacionales tienen más dificultades para ejecutar estas obras. 

El riesgo no es menor. Lo que explica el IPE es que lo más probable es que el Fenómeno El Niño este año se parezca al del 2023, debido a que sus efectos persistirán hasta inicios del 2027, así que lo más probable es que ve amos incremento de las temperaturas y falta de lluvias en regiones muy vulnerables a las sequías como Puno, Pasco y Huánuco, donde el 90% de la superficie agrícola depende de las lluvias pues no existen otras alternativas. 

Además del golpe a productos de exportación como el arándano y la aceituna y los cultivos para el mercado interno como la papa y el arroz, los riesgos también incluyen a la generación eléctrica y al abastecimiento de combustibles. 

Como detalla el informe, más de la mitad de la electricidad que se produce en el Perú proviene de centrales hidroeléctricas, que utilizan agua de los ríos para generar energía. Por eso, una menor disponibilidad de agua en las principales cuencas podría generar, como sucedió en el 2023, que se tenga que recurrir a fuentes más costosas como las centrales térmicas que operan con diésel. Hace tres años, el precio de la energía en el mercado spot aumentó hasta 465% entre un año y otro por la reducción del caudal del río Mantaro, que abastece a cinco centrales que suman más de un cuarto de la capacidad hidroeléctrica nacional.

Por su parte, las abundantes lluvias en la costa y sierra norte podrían afectar la infraestructura de transporte y los oleajes anómalos generan el riesgo de que se dificulte el transporte marítimo de combustibles, especialmente del gas licuado de petróleo (GLP). El norte del país, que representa el 18% del consumo nacional de GLP, solo tiene el 8% de la capacidad de almacenamiento de este combustible y, por lo tanto, depende de que este combustible pueda llegar desde el centro del país, donde está el 90% de la capacidad de almacenamiento.

En resumidas cuentas, lo que advierte el IPE es que reducir los daños sobre infraestructura, viviendas y servicios básicos requiere inversiones oportunas en gestión de riesgos y emergencias, destinadas a fortalecer la gestión del agua, la resiliencia del sistema energético, la infraestructura de almacenamiento de combustibles y la ejecución de obras para la gestión de riesgos. 

Lamentablemente, no estamos viendo un real sentido de urgencia desde el Ejecutivo y, con los gobiernos regionales y locales más preocupados en las elecciones que en ejecutar obras, es difícil imaginar que este fenómeno no nos vuelva a coger desprevenidos. 

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By Kenneth Sanchez