Gobierno de Keiko Fujimori pedirá facultades legislativas
El recientemente nombrado Consejo de Ministros sesionó ayer con la presidenta Keiko Fujimori para revisar el pedido de facultades legislativas delegadas que se va a enviar al Congreso. De eso hablamos en la edición de hoy del Newsletter de Comité. ¡Empecemos!
Estamos jueves 30 de julio y estos son los titulares que desarrollo en el podcast de la mañana:
- El recientemente nombrado Consejo de Ministros sesionó ayer con la presidenta Keiko Fujimori para revisar el pedido de facultades legislativas delegadas que se va a enviar al Congreso
- El pedido de facultades incluye medidas para promover la formalización, la generación de empleo y facilitar los trámites en el Estado, pero preocupa la aparente contradicción con el compromiso de sostenibilidad fiscal anunciado por Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación
- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno entró en contacto directamente con el de Keiko Fujimori para encaminar una posible reconciliación de las relaciones diplomáticas entre ambos países
- La FIFA recibió una oleada de críticas, principalmente de Europa, luego de que se conociera su proyecto para buscar inversión privada para sus competiciones, incluido el Mundial
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LA NOTICIA DESTACADA
El Consejo de Ministros sesionó ayer con Keiko Fujimori para revisar el pedido de facultades legislativas delegadas que enviarán al Congreso
El recién jurado Consejo de Ministros sesionó ayer, pese al feriado, para revisar con la presidenta Keiko Fujimori el proyecto de pedido de facultades delegadas que van a enviar al nuevo Congreso. Con esto el nuevo Gobierno está buscando enviar la señal de que va a trabajar desde el primer día, aunque sea no laborable,
Pero lo importante aquí, por supuesto, es analizar para qué se van a solicitar facultades delegadas, pues eso permitirá entender cuáles son las prioridades del Gobierno. El pedido ya se ha difundido en redes, lo ha publicado Epicentro TV y lo ha comentado también Paolo Benza de La Contra. Les cuento qué me ha llamado la atención al leerlo.
Para empezar, es bastante amplio. Pide facultades para legislar sobre muchos temas dentro de un plazo de 120 días, pero lo hace de manera no tan específica para darse cierta flexibilidad.
Lo primero que menciona es el tema de seguridad ciudadana, donde sugiere legislar desde el Ejecutivo para fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de la delincuencia común y la criminalidad organizada. Esta última parte puede generar suspicacias en tanto que incluya el rol de los actores del sistema de justicia. Si es para generar mecanismos de coordinación e interoperabilidad, para potenciar las unidades de flagrancia, sería muy positivo.
Otro tema que va a generar discusión es que plantea legislar respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la dirección y control de los centros penitenciarios. También plantea fomentar la participación privada, lo que algunos van a tomar como un intento de “privatizar las cárceles”.
El pedido de facultades termina con un acápite sobre reforma y modernización del Estado, que es importante. Por ejemplo, se está planteando la posibilidad de reorganizar, fusionar o disolver organismos públicos “con la finalidad de mejorar la eficiencia y la eficacia del Gobierno. Esto va a generar la especulación de que se busca quizá que algunos ministerios absorban a otros. Yo no necesariamente veo mal eso en principio, depende de cuáles y cómo. Pero en general podría decir que es positivo hacer el análisis de qué dependencias del Estado no cumplen un rol necesario, o no lo hacen con los resultados deseados.
Luego se habla de legislar para reconocer la meritocracia en los ascensos, capacitaciones y demás acciones en favor de los funcionarios públicos. Esto conversa con lo dicho en el mensaje presidencial de fortalecer y es muy importante. Lo que va a generar controversia aquí es que se propone aprobar incentivos económicos para que algunos servidores públicos opten por dejar sus cargos en el Estado, de manera voluntaria, no conminada.
También se habla de darles mayor protección a los funcionarios que toman decisiones sobre proyectos de inversión pública, por ejemplo. Esto, me parece, busca resolver el problema de que muchas veces los proyectos se atascan porque los servidores públicos tienen miedo a ser denunciados por aquello que aprueban. Es razonable que se piense en mejorar la defensa legal de quienes tienen esta responsabilidad y la ejercen bien.
