Gobierno no observaría normas del Congreso que aumentan gasto público
El gobierno habría decidido no observar las dos normas aprobadas la semana pasada por el Congreso que podrían incrementar el gasto público en hasta S/ 7.000 millones y estaría buscando cómo implementarlas de manera gradual, según adelantó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en una entrevista.
A pocos días de que el Parlamento vote para otorgarle o no la confianza al gabinete de Miralles este miércoles, la ex ministra de Economía decidió hacer oídos sordos a las voces que advierten que la incorporación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones para los trabajadores del régimen CAS y el regreso a la cédula viva en el sistema previsional de la Caja Militar y Policial ponen en riesgo el manejo de las finanzas públicas y dijo lo siguiente: “Lo que ofrezco es una salida. El tema no es solo observar la norma y que quede allí. Hay que darle una solución a las personas que buscan ser reconocidas. Debemos buscar una forma gradual de aplicarla”.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Instituto, explicó al diario El Comercio que el impacto fiscal de las normas aprobadas es significativo porque se trata de compromisos permanentes. En el caso de la CTS y gratificaciones para los trabajadores CAS, el costo anual es de S/3.050 millones, mientras que los cambios en las pensiones de la Caja Militar y Policial demandarían cerca de S/3.800 millones.
El problema es que no se está estableciendo de dónde saldrían los recursos para cubrir ese fuerte aumento del presupuesto de un día para el otro. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, el órgano autónomo encargado de hacerle seguimiento al manejo de las finanzas públicas, advirtió que estas son medidas de gasto permanente y que tienen una magnitud que hace imposible que se absorban dentro del crecimiento natural del presupuesto, especialmente porque los ingresos crecerán menos debido a las múltiples exoneraciones tributarias aprobadas en los últimos 18 meses.
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, advirtió a El Comercio que entre estas medidas aprobadas y otras que el Parlamento tiene en agenda, podrían agregarse hasta S/14.000 millones más de gasto permanente todos los años al presupuesto.
Tuesta explicó que el problema central es que estos compromisos no cuentan con financiamiento, lo que obliga al Estado a elegir entre endeudarse, reducir otros programas o incrementar impuestos.
¿Qué debería hacer el Ejecutivo? Segura opina que el gobierno debería observar estas iniciativas legislativas y, si el Congreso insiste, lo mínimamente responsable sería acudir al Tribunal Constitucional para que evalúe la constitucionalidad de estas normas.
El problema es que, en pleno periodo electoral y con un gobierno cuya permanencia depende de los votos en el Congreso, las condiciones están dadas para que el Parlamento apruebe medidas que incrementan el gasto sin ningún reparo, algo que, como opinó Segura, hipotecará las finanzas públicas de los peruanos.
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