Gremios empresariales piden que no se proclamen resultados electorales sin auditoría internacional
Un grupo de gremios empresariales ha decidido exigir que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no proclame los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales si es que no se realiza una auditoría internacional a los sistemas informáticos de esta entidad.
El documento firmado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (Adex), Perucámaras, Canatur y otros gremios, señala, textualmente, que “reiteramos la necesidad de realizar una auditoría internacional a los sistemas y procesos informáticos de la ONPE a fin de que la ciudadanía conozca si dichas irregularidades responden a deficiencias operativas o a una eventual manipulación deliberada, lo cual constituiría un fraude y un ilícito penal”.
A renglón seguido, el comunicado indica que “esta auditoría debe emitir su dictamen antes de la proclamación de los resultados presidenciales de la primera vuelta. Asimismo, para garantizar su idoneidad e imparcialidad, deberá ser realizada por una empresa de reconocido prestigio internacional”.
Es innegable que, durante la primera vuelta, la ONPE cometió una serie de errores catastróficos que han afectado el derecho al voto de miles de peruanos y que no se tomaron de manera inmediata medidas para remediar esta situación, pero poner como condición para continuar con el proceso electoral la realización de una auditoría internacional es pedir, en la práctica, que no se realice la segunda vuelta dentro del plazo legal.
En un país de institucionalidad frágil y umbrales de confianza débiles, los gremios empresariales deberían tener un poco más de cuidado y evitar convertirse en amplificadores del discurso de candidatos como Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular, que son los principales promotores de que no se proclamen los resultados sin una auditoría, dado que todo indica que habrían ocupado el tercer lugar y se habrían quedado fuera de la segunda vuelta.
El comunicado también exige que el jefe interino de la ONPE y el entorno de Piero Corvetto dejen sus cargos porque, argumentan, la permanencia de esos funcionarios no genera confianza en la ciudadanía, y proponen que las Fuerzas Armadas asuman la logística vinculada al traslado de las ánforas a los lugares de votación y el resguardo de los almacenes.
Por supuesto que una auditoría a los sistemas de la ONPE sería una saludable forma de disipar las dudas y temores sobre una presunta manipulación, pero los tiempos claramente no permitirían que esta se realice antes de la segunda vuelta, por lo que condicionar la proclamación de resultados a esta revisión haría imposible continuar con el cronograma electoral.
Asimismo, no queda claro de dónde saldría el presupuesto para este proceso y qué sucedería en el caso hipotético de que se encuentre una manipulación a los sistemas, pues nuestro código electoral no contempla la nulidad de las elecciones por estas causales.
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