La disputa por la alcaldía de Lima se reduce a tres puntos
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada este último fin de semana en La República muestra que en la carrera por la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renovación Popular (Rafael López Aliaga) y Somos Perú (Carlos Bruce) tienen 20.1% y 17.1% de intención de voto, respectivamente, y del tercero para atrás están por debajo del 5%. De eso y otras cosas más hablamos en la edición de hoy del Newsletter de Comité. ¡Empecemos!
Estamos lunes 14 de septiembre y estos son los titulares que desarrollo en el podcast de la mañana:
- Diez congresistas de distintas bancadas habrían contratado como trabajadores de sus despachos a personas que aportaron a sus campañas, según Punto Final.
- La disputa por la alcaldía de Lima se reduce a tres puntos de diferencia entre los líderes Renovación Popular y Somos Perú, según la última encuesta del IEP.
- La ONP y la SBS aprobaron el reglamento operativo que determina cómo se tramitarán las solicitudes de pensión mínima y que fija para febrero del 2027 el inicio de las solicitudes para obtener este nuevo beneficio por parte de los afiliados de las AFP.
- Donald Trump calificó de “fuerzas negativas” a quienes piden regular el avance de la inteligencia artificial, un día después de que los líderes de Anthropic, OpenAI y xAI alertaran sobre los creecientes riesgos de esta tecnología
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LA NOTICIA DESTACADA
Congresistas contratan como asesores a sus financistas de campaña y la disputa por alcaldía de Lima se reduce a tres puntos
Punto Final mostró anoche un reportaje con varios casos de congresistas que habían contratado en sus despachos a personas que habían sido aportantes de sus respectivas campañas. Esto había ocurrido, por ejemplo, con parlamentarios de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Renovación Popular.
¿Por qué llaman la atención estos casos? Pues, porque pueden ser vistos como una especie de transacción en la cual alguien le da dinero a un candidato como donación de campaña, pero recibe a cambio un puesto de trabajo si el candidato llega al cargo al cual está postulando. Digamos que, en un solo mes de trabajo, el aportante de campaña podría “recuperar su inversión” con la remuneración que le asignen.
Al entrevistar el reportero de Punto Final a varios congresistas implicados en estos casos, lo que me sorprendió es que, en lugar de defender esas contrataciones diciendo que tienen los méritos requeridos para los cargos conferidos, algunos respondían más bien diciendo no conocer que habían sido sus aportantes de campaña, con la típica excusa de que alguien más manejó las finanzas y no ellos mismos.
Recordemos que en el Congreso anterior tuvimos muchos casos de lo que se vino a conocer como los “mochasueldos”, vale decir, congresistas que contrataban personal a condición de que les dieran una parte de su remuneración.
Aquí hay que ser cuidadosos en no generalizar. Un congresista podría tener correligionarios en su partido con suficientes capacidades técnicas y experiencia como para laborar como asesores parlamentarios. Pero también podría ser que, aprovechando que tiene posiciones de confianza que debe llenar con sueldos nada desdeñables, un congresista podría usar esos cargos para devolver favores a financistas de campaña o, peor aún, como vimos en el Congreso pasado, para quedarse él mismo con parte de esas remuneraciones.
El tema de fondo que es pertinente que nos preguntemos aquí es cuánta meritocracia hay en la designación de asesores que hacen los congresistas. Si bien subir los requisitos de entrada para diputados o senadores es controversial, porque algunos votantes podrían preferir la representatividad sobre la capacidad técnica, en el caso de los asesores -me parece- es menos controversial. Ahí sí debemos exigir que se contrate a personal competente, por más que se trate de cargos de confianza.
Pasando a las noticias del frente electoral, el Instituto de Estudios Peruanos publicó una encuesta este último fin de semana en la que muestra una disputa más reñida en la campaña por la alcaldía de Lima. La encuesta pregunta con nombre propio, y pone, por ejemplo, a Rafael López Aliaga de Renovación Popular pese a que este postula como primer regidor, pero es muy obvio que lo hace con el objetivo de asumir la alcaldía en caso gane su partido porque quien era candidato a alcalde en su lista ha renunciado.
Esta eventualidad es algo que el Jurado Nacional de Elecciones todavía no ha salido a decir con contundencia que es inconstitucional, pese a que sería una violación indubitable del artículo de la Constitución que prohíbe la reelección de alcaldes.
Pues bien, ante la pregunta de intención de voto en la elección para Lima Metropolitana, 20.1% responde que votaría por López Aliaga, mientras que 17.1% dice que votaría por Carlos Bruce. Es decir, son los dos que hasta la fecha despuntan, porque luego viene Francis Allison y Daniel Urresti con 4.7% y 4.1%. Los que siguen están por debajo de los dos puntos, pero hay un 47% que no se decanta por ninguno de los candidatos. Dicho sea de paso, algo más de la mitad de los votantes dice tener poco o nada de interés en las elecciones regionales y municipales.
REFLEXIÓN DEL DÍA
La dinámica parlamentaria que va a caracterizar la política en los siguientes años
Quisiera explicarles hoy una de las dinámicas que más van a afectar el funcionamiento de la política peruana en los próximos años, y que es el resultado de la reforma que se hizo en el Congreso anterior para restablecer la bicameralidad. Ya me he referido a este tema al hablar puntualmente del pedido de delegación de facultades que ha hecho el Gobierno, pero va más allá de eso.
Normalmente, cuando un país tiene un Congreso con dos cámaras -es decir, la de Diputados y el Senado-, existe una relación de simetría entre estas en cuanto a su poder. Esto significa que, aun cuando sus integrantes son elegidos de manera distinta y, por lo tanto, tienen mandatos de representación distintos, no es que una cámara sea más importante que la otra y que, como consencuencia, pueda imponerse sobre ella.
Si pensamos, por ejemplo, en el proceso de crear leyes, este puede iniciarse en una de esas dos cámaras -la de diputados típicamente-, pero si una ley aprobada por la cámara baja llega al Senado y este considera que debe ser modificada, no basta con que el Senado apruebe una nueva versión de esa ley con los cambios ya incorporados, sino que tiene que regresar a la Cámara de Diputados para que esta la apruebe en su nueva versión.
¿Cuál es la lógica aquí? Pues, que ambas cámaras deben aprobar el mismo texto para que se vuelva ley, porque son simétricas en cuanto a su poder y ninguna se puede imponer sobre la otra.
Ok. Nosotros hemos aprobado un sistema bicameral que no respeta esta característica, sino que está pensado como si fuera un mecanismo de doble instancia donde la segunda tiene la última palabra y puede hacer lo que quiera con lo que reciba de la primera: puede aprobar una ley tal cual, rechazarla o modificarla a su gusto. Esto es más parecido a lo que ocurre en el sistema judicial, por ejemplo, donde la segunda instancia se impone sobre lo que dicte la primera.
¿Por qué es importante entender esto? Porque en un Congreso bicameral “normal”, lo que tendría que ocurrir para que se apruebe una ley, es que tendría que haber un proceso de negociación o conciliación entre cámaras para que se llegue al consenso requerido sobre un mismo texto. En nuestro sistema, en cambio, los diputados saben que, desde el momento que aprueban un proyecto de ley, pierden control sobre este y le dan carta libre al Senado para que pueda hacer lo que quiera con él.
Por esto es que desde meses atrás venimos diciendo que tenemos un Senado todopoderoso. Ahora bien, si la Cámara de Diputados y el Senado tuviesen exactamente la misma composición en cuanto a peso de las bancadas, esto no sería un problema porque las votaciones en una cámara y la otra serían iguales o muy parecidas. ¿Pero qué pasa si el oficialismo controla una cámara y no la otra?
Pongámonos en el escenario opuesto al que tenemos hoy. Imaginemos que el oficialismo controla la cámara baja. Esto le protegería mejor frente a las acciones de control político que se pueden ejercer desde la Cámara de Diputados, como las interpelaciones o censuras de ministros, y le permitiría controlar en buena medida las leyes que se aprueban en primera instancia. Pero si el Senado está mayoritariamente en manos de la oposición, este podría tirarse abajo -es decir, mandar al archivo- o modificar a su antojo todas las iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno de turno.
El escenario en el que estamos es el inverso: el oficialismo casi que controla el Senado mas no la Cámara de Diputados. Entonces, como es obvio para la oposición que el Senado puede cambiar a su antojo cualquier cosa que les llegue desde la cámara baja, el mecanismo de presión que tienen los diputados es no mandar al Senado aquello que el oficialismo quiere aprobar, como en este caso el pedido de facultades delegadas. Porque el Senado no puede modificar aquello que no le llega, y no puede original el proceso legislativo porque eso le corresponde a la Cámara de Diputados.
La oposición ha comprendido esto muy rápidamente y le está mandando al Gobierno la señal de que no va a mandar iniciativas legislativas como la de delegación de facultades si no tiene garantías expresas de que se vaya a respetar lo que se apruebe en Diputados. Y como tiene los votos en la cámara baja, puede controlar qué sale y qué no sale de ella.
Si el oficialismo hubiese comprendido bien esto, sabiendo que está lejos de tener mayoría en la Cámara de Diputados, tendría que haber hecho un trabajo político para afiliar a las bancadas que le sumaran los votos para conseguir mayoría -digamos, la de Buen Gobierno o la de Obras-, y si esto no fuera una posibilidad, tendría que haber promovido un acuerdo político con garantías expresas de que, una versión del pedido de facultades delegadas que fuera aceptable para la cámara baja, iba a respetarse y aprobarse sin mayores modificaciones en la cámara alta.
En lugar de hacer este trabajo político, que uno pensaría era la razón para tener a un ex parlamentario como Luis Galarreta al mando de la PCM, lo que uno ve en estos días es a senadores de Fuerza Popular haciendo evidente que, para ellos, el Senado puede hacer lo que le antoje con lo que les llegue de la Cámara de Diputados. Es decir, convenciendo más a la oposición de que es mejor no mandar nada al Senado porque no tienen cómo evitar que eso ocurra.
De momento, parece que la estrategia política del Gobierno -si tiene alguna- está fallando. Pensaron en que iban a tener una suerte de luna de miel y que habría presión pública suficiente para que les aprobaran cualquier cosa que pidieran como facultades delegadas. Y ya se están dando cuenta de que no va a ser así, que la oposición podría incluso no aprobarles nada en la cámara baja.
La gran paradoja de todo esto es que el propio fujimorismo aprobó este rediseño constitucional que ahora le permite a una oposición mayoritaria en la Cámara de Diputados bloquear cualquier propuesta legislativa que tenga el oficialismo. Y el oficialismo, en represalia, hará lo propio en el Senado con lo que llegue como propuesta de la oposición.
Si no encuentran la forma de negociar políticamente con la oposición, va a desaparecer cualquier posibilidad de que haya un ímpetu reformista proveniente del Gobierno. Vamos a tener un Congreso distinto al anterior en el sentido de que aprobará pocas cosas. Quizá haya menos demagogia, pero no habrá muchas reformas relevantes de las que hablar al término de los cinco años de mandato. Si no aprendemos a navegar con este nuevo esquema de bicameralidad asimétrica, pues ese va a ser el resultado.
¿Y cómo se soluciona esto? Con políticos con suficiente madurez y capacidad de sentarse a negociar, hacerse concesiones mutuas y llegar a consensos.
MIS RECOMENDACIONES
- Este último fin de semana se ha hablado mucho de la ensayo que ha publicado Dario Amodei, el CEO de Anthropic, sobre la necesidad de hacer una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial que permita entender mejor sus riesgos. Encuentras la reflexión de Amodei publicada en su blog aquí.
- Yo mismo escribí el sábado último en mi columna en El Comercio sobre cómo la competencia por liderar en materia de IA está generando una situación semejante a lo que en teoría de juegos se conoce como el dilema del prisionero, que básicamente genera incentivos muy fuertes que impiden a las partes cooperar aun cuando ese podría ser el resultado más deseable para la sociedad. Encuentras mi artículo en el siguiente enlace:
Augusto Townsend Klinge
