Presidente de Petroperú anuncia que ya no se buscará una auditoría forense de la Refinería de Talara
El nuevo presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, anunció que ya no se realizará una auditoría forense de la modernización de la Refinería de Talara, proceso que buscaba revelar por qué su costo se había elevado más allá de los US$6.000 millones e identificar el origen de las fallas técnicas que se han registrado desde que empezó a operar.
Inicialmente, el perfil de Lizarzaburu, con experiencia en finanzas y, precisamente, en auditorías forenses, había generado la expectativa de que pudiéramos tener más transparencia respecto al manejo de la petrolera estatal y que se impulse más agresivamente el proceso de reorganización patrimonial y las auditorías que permitan diagnosticar los problemas y empezar a ejecutar soluciones a sus graves problemas financieros.
Sin embargo, en su presentación el martes ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el presidente de la petrolera reveló que esa auditoría no va más porque considera, y aquí lo cito textualmente, que “si seguimos hablando de auditorías forenses lo que vamos a hacer es complicar a la empresa, porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto”.
De acuerdo con el Diario El Comercio, Lizarzaburu opinó que la realización de dicho estudio perjudica a la empresa en momentos en que esta “tiene problemas de liquidez importantes”, pues no genera tranquilidad ni a los bonistas de la refinería ni a los participantes del ecosistema.
El presidente del directorio de la petrolera dijo que quienes hablan de peritaje forense no conocen el concepto y opinó lo siguiente: “quien les habla es auditor forense, y una auditoría forense parte de una premisa importante que es tener evidencia clara y tácita. Si no la hay, no se puede hacer una auditoría forense, y si la hay, por favor hágame la denuncia hoy mismo”.
El tema aquí es que la realidad fáctica es que, en el 2007, una consultora calculó que el costo de la modernización de Talara ascendía a US$1.334 millones, monto que se elevó a US$3.500 millones cuando se inició la obra en el 2014 y que se disparó hasta superar los US$6.000 millones según las cifras actualizadas de Petroperú.
A esto se suma las continuas fallas operativas de la infraestructura energética, que se inauguró en diciembre del 2023, pero desde entonces ha tenido que parar en repetidas oportunidades por desperfectos en sus múltiples unidades.
La auditoría forense se estaba implementando de la mano de la Contraloría y buscaba determinar los responsables de ese incremento del costo y las fallas técnicas. Sin embargo, parece que la nueva cabeza de la petrolera se opone a esta mayor transparencia y, como ha denunciado también El Comercio, ha hecho una serie de cambios gerenciales que apuntan a también debilitar la reorganización de la estatal, pues se han repuesto en sus cargos a antiguos altos funcionarios vinculados, precisamente, con los problemas que hoy se buscan solucionar.
Esto debería generar aún más preocupación en un contexto en el que el gobierno ha aprobado un nuevo rescate financiero para Petroperú que pone en riesgo recursos públicos por un total de US$2.000 millones, pues la oposición de Lizarzaburu a una auditoría hace pensar que hay algo que los funcionarios de la petrolera quieren mantener oculto.
Si quieres ver la noticia económica con Ale Costa en video, la encuentras aquí abajo:
