Renovación Popular lidera conteo en elección por Lima
Después de la jornada electoral de ayer, se empiezan a conocer los resultados preliminares de las elecciones regionales y municipales. En Lima, todo hace parecer que ha ganado Renovación Popular, aunque con una ventaja mucho menor de lo que se esperaba por la trepada de último minuto de Francis Allison de Avanza País. Sobre esto y más hablamos hoy en el Newsletter de Comité. ¡Empecemos!
Estamos lunes 5 de octubre y estos son los titulares que desarrollo en el podcast de la mañana:
- Ayer se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales a nivel nacional y Renovación Popular lidera el conteo en Lima Metropolitana y el Gobierno Regional del Callao mientras que Somos Perú va primero en varias otras regiones.
- La bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados propuso que se autorice un noveno retiro de los fondos de las AFP de hasta 4 UIT o S/ 22.000 y que este no sea impedimento para acceder a la pensión mínima de S/ 600.
- El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta en Brasil el 25 de octubre, después de que ninguno lograra superar el 50% de los votos en la primera vuelta realizada ayer
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LA NOTICIA DESTACADA
Con menos del 10% por contar, Renovación Popular lidera en Lima Metropolitana con estrecho margen
El Perú fue a votar ayer en las elecciones regionales y municipales y, aunque no tenemos resultados oficiales todavía, la encuesta de boca de urna que hizo Datum ayer, y luego el conteo rápido que salió bien tarde, nos dieron ciertas luces sobre lo que pasó en el territorio nacional.
En Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga de Renovación Popular (RP) habría obtenido 31.2% según el boca de urna, mientras que en segundo lugar se habría ubicado Francis Allison de Avanza País (AP) con 25.2% y en tercer lugar estuvo Carlos Bruce de Somos Perú (SP) con 15.9%. En el conteo rápido, las cosas están mucho más pegadas: a poco más del 92%, RP tiene 27.7% y AP, 26.8%, con lo cual es todavía un empate técnico. Sin embargo, los especialistas en análisis de datos consideran que la ventaja de RP se va a mantener.
Como se aprecia, Bruce no se movió de lo que venía mostrando en los simulacros de voto previo al silencio electoral y fue, más bien, Allison es que capturó el llamado voto estratégico. Aquí lo que siempre se especula, dada esta prohibición absurda de encuestas en la última semana, es qué hubiera pasado si se conocían los simulacros más recientes, vale decir, hasta qué punto podrían haber movido más voto hacia quien estaba con mejores chances de enfrentar al puntero López Aliaga, en este caso Allison.
Pero fuera de eso, el triunfo de RP en Lima y Callao es contundente. Además de la capital, se llevan el Gobierno Regional del Callao con 55.7%, en Callao Provincia ganaría con casi 60%, y en Lima Provincias aparece en empate técnico por el primer lugar Javier Alvarado, quien postuló como parte de una alianza entre RP y otra agrupación.
A nivel distrital en Lima Metropolitana, es muy significativo el número de distritos donde lidera Renovación, en muchos de ellos disputando el primer lugar con Avanza País.
En otras regiones, en Arequipa lidera Alfredo Zegarra de Fuerza Arequipeña; en Cusco, la ex candidata presidencial Verónica Mendoza de la Alianza Electoral Venceremos. Somos Perú lidera en 8 regiones: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto y Ucayali. En Puno lidera una alianza que incluye a Juntos por el Perú, y en Madre de Dios lidera Ahora Nación.
En el caso de gobiernos regionales, hay que recordar que si el puntero no supera el 30% de los votos válidos, tiene que haber una segunda vuelta entre los dos primeros, que está prevista para noviembre.
Dicho todo esto, lo que va a estar -y ya está- discutiéndose mucho es qué va a pasar con los alcaldes salientes que postularon como primeros regidores pero, por haber renunciado la persona que postulaba a alcalde en sus listas, han quedado a la expectativa de asumir por sucesión, aun cuando están prohibidos por la Constitución de reelegirse en el cargo.
Esta es la situación de Rafael López Aliaga pero también de decenas de otras alcaldes a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones ha convalidado anteriormente casos de esta naturaleza, pero en esta elección no quiso tomar posición antes de la elección, con lo cual mucha gente ha ido a votar sin tener claridad sobre por quién estaba votando.
¿Mantendrá el Jurado el criterio que venía aplicando, por más que este, en apariencia, sea violatorio de la Constitución, o elegirá cambiar su jurisprudencia esta vez, evitando entregarle las credenciales a López Aliaga y los demás que están en su misma situación? Eso está por verse pero lo más probable es que el Jurado vaya por el primer camino. Nos enteraremos pronto.
Una cosa que sí se puede decir, respecto del caso de López Aliaga, por ejemplo, es que él tendrá que enfrentar ahora los problemas financieros que ha creado su gestión anterior. Pero, al mismo tiempo, dado que es tan necesario para el Gobierno de Keiko Fujimori mantener el apoyo de Renovación Popular en el Congreso, López Aliaga va a estar en la capacidad de pedir al Tesoro Público que lo apoye financieramente a cambio de seguir contando la bancada oficialista con el respaldo de Renovación Popular en el Parlamento.

REFLEXIÓN DEL DÍA
Sobre la debilidad de los argumentos legales en favor de la "reelección encubierta"
Estuve escuchando ayer los argumentos de quienes consideran que Rafael López Aliaga y todos quienes están en su misma situación -es decir, que son alcaldes salientes, postularon como primeros regidores pero luego vieron renunciar a quien postulaba a alcalde en sus listas-, sí deben recibir sus credenciales por más que la Constitución prohíba expresamente la reelección municipal. Voy a comentarles aquí por qué creo que ninguno de esos argumentos es legalmente atendible.
El primero señala que, aunque existe una prohibición expresa en la Constitución, esta se refiere a postular a la reelección municipal, no a llegar a ella por sucesión, sea esta por renuncia o muerte de quien fue elegido alcalde. Es decir, no hay una prohibición a postular como primer regidor, y por eso decenas de alcaldes salientes lo han hecho y ninguno ha sido tachado por las autoridades electorales. Veo que algunos abogados especialistas en derecho electoral, que curiosamente no revelan para quién han trabajado anteriormente -porque eso evidenciaría quizá un conflicto de interés-, defienden esta posición.
Pero, esta es fácilmente rebatible con contrargumentos legales que cualquier estudiante de derecho podría articular. Primero, aquí no hay un vacío legal, como dicen algunos, hay una prohibición expresa en la Constitución, y por principio de jerarquía esta norma prevalece sobre cualquiera de rango legal.
Segundo, hay un principio de derecho que dice “quien no puede lo menos, no puede lo más”. Es decir, si la Constitución prohibe postular, con mayor razón debe entenderse prohibido ejercer como alcalde reelegido.
Tercero, en este caso existe perfectamente un camino para aplicar lo que en derecho se conoce como el método sistemático de interpretación legal. Es decir, si tomamos, por un lado, la prohibición constitucional de la reelección municipal y, por otro, el que se permita a nivel legal a un alcalde saliente postular como primer regidor, y nos ponemos en un supuesto de hecho como aquel en el que está ahora Rafael López Aliaga -en el que desaparece el alcalde elegido y el sucesor es el alcalde del periodo anterior elegido como primer regidor-, la sucesión debe pasar al siguiente regidor, es decir, al que no está incurso en la prohibición. Esta interpretación compatibiliza, pues, ambas normas.
O también uno podría utilizar el método de interpretación legal de la razón lógica para concluir que el objetivo por el cual existe esa prohibición constitucional es para evitar que se produzca un escenario de reelección municipal, no importa cuál sea el camino que se tome. Es bien curioso que entre quienes defienden el camino seguido por López Aliaga, se califica cándidamente lo que está ocurriendo como una “sacada de vuelta”. Es obvio que lo es, inclusive para ellos, de modo que la pregunta que hay que hacerse es: ¿resulta aceptable que se le saque la vuelta a la Constitución?
Algunos dan a entender que sí porque no están de acuerdo con que se prohíba la reelección municipal. Yo tampoco estoy de acuerdo, y siempre he argumentado a favor de la reelección municipal. Pero una Constitución no está pensada para que uno elija qué quiere cumplir y qué no. Imagínense si un presidente golpista, como hemos tenido en el pasado reciente, “elige” desconocer el principio constitucional de separación de poderes porque le resulta incómodo.
De hecho, a lo que más se parece el caso que estamos discutiendo hoy, a mi criterio, es al intento reeleccionista de Alberto Fujimori en el 2000, cuando utilizó la llamada “interpretación auténtica” para decir que sí podía postular a una segunda reelección porque su primera elección, la de 1990, no contaba, porque se dio antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993.
Esta interpretación era, también, una evidente sacada de vuelta a la norma constitucional de aquel entonces que solo permitía una reelección presidencial. Fue, en consecuencia, abiertamente inconstitucional que Alberto Fujimori postulara a una segunda reelección, y si las autoridades electorales hubiesen sido independientes en ese momento, se lo hubieran negado. Dicho de otro modo, a lo que se está prestando el Jurado Nacional de Elecciones de Roberto Burneo es a hacer algo muy parecido a lo que ocurrió en los 2000 con la re-reelección de Alberto Fujimori.
Finalmente, está el argumento de que "el pueblo ya habló" en las urnas y que se tiene que respetar lo que dijo, aun cuando haya respaldado situaciones que darían pie, en la práctica, a reelecciones en flagrante violación de una prohibición constitucional.
Hay varias cosas que decir sobre este argumento. La primera es que llegamos a esta situación porque las autoridades electorales prefirieron no decir nada antes del hecho. Entonces ellas mismas se pusieron en una situación en la que tienen dos caminos: o bien permiten que asuman como alcaldes López Aliaga y los otros en su misma situación permitiendo así que se viole la Constitución, o bien no les dan las credenciales de alcaldes y van en contra de los que un sector relevante del electorado presumiblemente apoyó, es decir, una reelección encubierta.
Los dos escenarios son, en efecto, muy problemáticos, pero lo responsable hubiese sido aclarar esto antes de estar en esta posición, y a mí, personalmente, me parece gravísimo que no lo hayan hecho, como fue igual de grave permitirle a López Aliaga renunciar al mandato de senador electo. Creo que evitaron tomar posición justamente para que, al ganar López Aliaga, pudieran excusarse en el argumento de que “habló el pueblo”.
Pero este argumento, llevado al extremo, permitiría concluir que no es necesario tener reglas para una elección, que basta con que el pueblo respalde a quien quiera respaldar. Eso, curiosamente, niega el que se necesite derecho electoral o las reglas de juego que la propia Constitución establece para que haya claridad, predictibilidad y competencia leal en un proceso electoral.
Las democracias subsisten precisamente porque hay reglas acordadas sobre qué se puede hacer y qué no. Si no nos gustan, tenemos que activar el proceso legislativo para cambiarlas, no desconocerlas a nuestro antojo.
Finalmente está el argumento de que el Jurado Nacional de Elecciones tiene jurisprudencia, es decir, precedentes en los que ya ha convalidado situaciones de este tipo. En efecto, tiene precedentes que son, a mi criterio, claramente transgresores de una prohibición constitucional expresa, y porque se hayan equivocado una o varias veces, no significa que se deban seguir equivocando porque no son capaces de reconocer su error y enmendarlo.
En fin, ¿por qué me he tomado el tiempo de contraargumentar frente a todos esos puntos? No es porque tenga una animadversión hacia algún partido en particular. De hecho, son decenas de candidatos en múltiples partidos los que han optado por esta “sacada de vuelta” de la prohibición constitucional. Y no desconozco en lo absoluto el respaldo electoral que puedan haber obtenido, y deberían por supuesto tomar control esos partidos de los gobiernos municipales que hubieren ganado. Solo que quien debiera hacerlo, como ya expliqué, no es la persona que ejerció como alcalde en el periodo anterior sino quien le siga en la sucesión.
La razón por la cual contraargumento es que pocas veces he visto un intento tan desfachatado por desconocer una regla constitucional, que a mí tampoco me gusta pero que está ahí y es válida. Un país no puede tolerar que su Constitución sea una norma que se aplica según el antojo de cada quien. Y eso es lo que está pasando aquí. No importa si quienes lo están haciendo son del partido A, B o C, a ninguno se le debería permitir tal cosa.
