Trabajadores independientes ya no tendrán que aportar a un fondo de pensiones desde 2028
Los trabajadores independientes ya no estarán obligados a aportar a un sistema de pensiones, luego de que un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas oficializara la decisión del Congreso de dar un paso atrás en uno de los principales cambios que formaban parte de la reforma del sistema de pensiones aprobada el año pasado.
El decreto supremo publicado por el MEF modifica el reglamento de la Ley 32123, la ley de Modernización del Sistema Previsional, que recordemos creaba la obligación para todos los trabajadores independientes de empezar a aportar un porcentaje de sus ingresos al sistema de pensiones a partir del año 2028, empezando con una tasa de 2% que iría aumentando hasta llegar a un 5%.
Este artículo de la Ley 32123 se dejó sin efecto cuando el Parlamento aprobó el año pasado un nuevo retiro de los fondos de pensiones de las AFP, pues esta ley incluía un artículo que convertía el aporte de los independientes en facultativo y no obligatorio como inicialmente planteaba la reforma aprobada.
Lo que se buscaba con la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independientes, o aquellos que emiten recibos por honorarios, era incrementar el alcance de los sistemas de pensiones no solo a aquellos que están en planilla, sino que se permitiera que aquellos que perciben ingresos por cuarta categoría también puedan acceder a una pensión al momento de dejar de trabajar.
Este es el segundo gran retroceso en la reforma del sistema de pensiones que combinaba una serie de medidas que, en conjunto, buscaban resolver los principales problemas del sistema. El primer paso atrás fue, precisamente, permitir que aquellos que opten por retirar hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones en el octavo retiro puedan acceder en el futuro a una pensión mínima.
Recordemos que la ley de la reforma establecía claramente que, dado que esa pensión mínima se va a financiar con recursos públicos, no se podía permitir que aquellos que optaran por reducir de manera deliberada sus ahorros previsionales a través del retiro accedan a este beneficio, pues no sería justo que se incremente la parte de su pensión que tendrá que ser cubierta con dinero de todos los peruanos.
Estos pasos atrás son un recordatorio de nuestra debilidad institucional, que dificulta avanzar en reformas que pueden tener un costo político en el corto plazo pero que redundarán en un beneficio para el país en el largo plazo. Al final, lo que terminarán generando estos retrocesos políticos a decisiones que se habían tomado de manera técnica es que se incrementará aún más el costo de esta reforma para el presupuesto público, haciendo que nuestro sistema previsional pueda llegar a ser insostenible.
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