Análisis: la propuesta de facultades del gobierno

La propuesta de facultades delegadas que el Gobierno mandó al Congreso no es una versión recortada sino ampliada del borrador que se presentó semanas atrás. De eso y otras cosas más hablamos en la edición de hoy del Newsletter de Comité. ¡Empecemos!

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Curado por Augusto Townsend, de lunes a viernes.

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Estamos lunes 31 de agosto y estos son los titulares que desarrollo en el podcast de la mañana:

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LA NOTICIA DESTACADA

La propuesta de facultades que el Gobierno mandó al Congreso no es una versión recortada sino ampliada del borrador que se presentó semanas atrás

El viernes pasado el Gobierno envió formalmente al Congreso el pedido de facultades delegadas y quería aprovechar para explicarles qué se está planteando. 

Por toda la discusión que se había generado tras la filtración de un primer borrador hace como un mes, en torno a temas como reducir los feriados o modificar la regulación laboral, se especuló que la propuesta final iba a venir bastante recortada. 

No es la sensación que tengo al leer el texto final. De hecho, el documento presentado tiene más del doble de extensión que aquel borrador. Quizá el fraseo en temas controvertidos como el marco laboral o ambiental es más neutro o se eliminan algunas alusiones específicas, pero no se han excluido temas. Más bien, se han sumado otros y se ha profundizado más en algunos, como el agrario o el de vivienda y saneamiento. El documento final, como tiene varias añadiduras, termina siendo más comprensivo pero, al mismo tiempo, menos claro y conciso. 

Paso a resumirles las principales propuestas:

En temas de seguridad, se propone regular en materia migratoria, cosa que no estaba tan visibilizada en el borrador,  el uso de celulares en las cárceles, encargarle la custodia de estas a las Fuerzas Armadas, proteger más el ejercicio de la legítima defensa, y, quizás lo que más se ha hablado en estos últimos días, habilitar que las organizaciones criminales puedan ser consideradas legalmente como organizaciones terroristas. 

En la parte económica, se plantea “legislar sobre el ecosistema de emprendimiento, innovación y desarrollo productivo, para regular nuevos mecanismos de formalización voluntaria de micro y pequeñas empresas, fortalecer a nivel nacional los CITE, que son los centros de innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, “atender la problemática del empleo en la población juvenil” y “fortalecer el marco laboral de la actividad privada”. En esta parte se ha borrado una alusión expresa que había a regular el cese laboral por causas objetivas. De lo que ha permanecido, sí parece entenderse que se quiere una Sunafil menos sancionadora y se mantiene el tema de revisar los feriados, pese a la discusión que generó. 

Luego, de manera un poco desordenada, se habla de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas y transformación digital, y de ahí se regresa a cuestiones sectoriales. Hay bastante en temas agrarios, también se habla de “actualizar la normativa de minería con la finalidad de brindar seguridad jurídica requerida para activar inversiones privadas”. Se plantea asimismo derogar la normativa que impuso topes a las tasas de interés en el sector financiero y “fortalecer la gestión y la institucionalidad ambiental”. Al incluirse esto último en la sección sobre promoción de inversiones, se va a entender por un sector de la opinión pública como parte de un esfuerzo desregulatorio velado. 

Después se pasa a hablar de “simplificar y optimizar los regímenes tributarios” y el marco normativo aduanero. Acá se propone regular la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y mejorar la protección de la propiedad intelectual, pensando en eliminar temas de conflicto con el Gobierno de Donald Trump que nos había sancionado por no tener lo primero. Luego se pasa al tema de la reforma del Estado, se habla de meritocracia en el aparato público, de reestructurar Sedapal y de dar mayores facultades a Indeci, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y finalmente se termina con temas de vivienda y saneamiento. 

Algo que me llama poderosamente la atención es que no haya un acápite sobre el Fenómeno del Niño. Tampoco lo había en el borrador que se filtró. Como si no hubiera nada concreto que plantear en este tema, o solo incluir algunas cuestiones en otros rubros. 

Ahora quisiera compartirles algunas ideas sobre cuán probable es que este pedido sea aprobado tal cual, con cambios o rechazado. Aquí hay que recordar que, como hemos pasado a tener un Congreso bicameral, el proyecto de ley de pedido de facultades delegadas tiene que ser aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero -y fíjense en este detalle que es bien importante-, en nuestro nuevo esquema bicameral el Senado tiene más poder que la Cámara de Diputados, porque puede modificar a su antojo todo lo que sea aprobado por esta. 

¿Qué significa esto? Que, si la Cámara de Diputados modifica lo que ha presentado el Gobierno para aprobar una versión recortada del pedido de facultades delegadas, el Senado puede regresarlo a su versión original. La bancada oficialista, si asegura los votos de Renovación Popular y suma un solo congresista más de cualquiera de las otras cuatro bancadas, puede hacer tal cosa. 

Entonces, si la oposición no quiere que eso pase, el incentivo que tiene es no aprobar nada en la Cámara de Diputados, simplemente rechazar el proyecto para que este no llegue al Senado. De hecho, tiene los votos para hacerlo, porque el oficialismo sumado a Renovación Popular son minoría en la cámara baja. 

Frente a ese escenario, el oficialismo podría confiarse en que la oposición no hará algo tan extremo como rechazar íntegramente el proyecto de facultades delegadas, pero el tiro le podría salir por la culata. Es decir, eventualmente sí podrían rechazarlo de plano. El otro camino -más razonable, diría yo- es que haya algún nivel de negociación con las bancadas de oposición en la que estas pedirán algunas modificaciones. Si no pueden confiar en que el oficialismo cumplirá su palabra al llegar el proyecto al Senado, este podría ser un camino vetado para ellas. 

En fin, habrá que ver cuánta capacidad política tiene el Gobierno para sacar adelante esta situación. Lo que está pidiendo no es poco, y yo les he comentado que personalmente estoy de acuerdo con varios de los temas que se están planteando. Si el Gobierno no sabe mover bien sus cartas aquí, no solo va a perder la oportunidad de hacer cambios legislativos relevantes, sino que podría hacer que ciertas discusiones importantes sean encarpetadas hasta nuevo aviso. 

LA REFLEXIÓN DEL DÍA

Las recientes declaraciones del Defensor del Pueblo

El jueves de la semana pasada, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez dijo lo siguiente en una entrevista en Exitosa:

“Te digo algo de manera cruda: si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad”

Estas expresiones han sido consideradas por la propia Keiko Fujimori como “un desliz” y por las bancadas de oposición y el sindicato de la Defensoría del Pueblo como golpistas. Y no les falta razón. Es aberrante que quien ejerce el cargo de Defensor del Pueblo siquiera sugiera que un gobierno puede incrementar su popularidad cerrando un poder del Estado. 

Porque, para empezar, ni ahora que estamos en un Congreso bicameral ni antes que teníamos uno unicameral se podía “cerrar” el Congreso. Había antes la posibilidad de disolver constitucionalmente el Pleno en casos muy extraordinarios, pero continuaba en funciones la Comisión Permanente hasta que hubiera elecciones para reconformarlo, y ahora solo se puede disolver constitucionalmente la Cámara de Diputados, mas no el Senado. 

Por tanto, no existe en nuestro ordenamiento legal la posibilidad de “cerrar el Congreso” a la que se refiere irresponsablemente el Defensor, salvo que esté planteando abiertamente un golpe de Estado. 

Esto es francamente vergonzoso para alguien que ostenta ese cargo. Josué Gutiérrez no es cualquier analista político que puede decir lo que se le viene en gana, es la persona que tiene que cautelar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas, incluido el que las autoridades que válidamente eligieron no sean removidas inconstitucionalmente de sus responsabilidades. Mucho menos por buscar “20 o 30 puntos más de popularidad”. 

El Perú es un país en el que, con demasiada frecuencia, uno ve designaciones inmerecidas y anti meritocráticas en el Estado. De muchas que yo he visto en los últimos años, ninguna ha sido, en mi opinión, tan absurda e indefendible como poner de Defensor del Pueblo a quien venía de ser abogado personal de Vladimir Cerrón y antes un congresista bastante cuestionado. 

Hay que recordar que votaron de forma unánime a favor del nombramiento de Josué Gutiérrez, Fuerza Popular, Acción Popular y Podemos Perú, y casi unánime Perú Libre y Alianza para el Progreso.

Es vergonzoso para el país que este señor esté hoy ejerciendo tal cargo, en una organización que no se merece llegar a su 30 aniversario ahora en setiembre con un liderazgo tan deshonroso a la cabeza.

MIS RECOMENDACIONES

• Si bien siempre estará a la sombra del legendario Steve Jobs, este artículo de Matthew Lynn en el Washington Post argumenta que Tim Cook, quien hoy deja de ser el CEO de Apple, es realmente el artífice de que esta se haya convertido en un negocio sostenible. Aunque parezca contradictorio, la demostración de su éxito está en que, ahora que suelta el cargo, nadie duda de que la compañía sigue entregando buenos resultados, distinto a la partida de Jobs cuando se pensaba que Apple se caería sin él. Pueden leer el artículo aquí.
• Sobre el legado de Tim Cook, la perspectiva del Financial Times es más matizada. Destacan que la acción de Apple haya aumentado 2,000% su precio desde que Cook asumió como CEO, pero mencionan también su tendencia a ir por lo seguro y el que su reputación como empresa innovadora haya caído en el nuevo contexto de inteligencia artificial. Pueden leer el análisis del Financial Times aquí.