Cómo el actual Congreso está desfalcando las finanzas públicas

Quiero compartirles hoy un comentario ahora que el Congreso ha vuelto a aprobar ayer en el Pleno iniciativas de gasto que siguen sumando al forado fiscal que nos está dejando como legado el actual parlamento. Por ejemplo, aquella que aumenta los beneficios que reciben los trabajadores del Estado que están en el régimen CAS. 

Hay muchas cosas que han pasado en los últimos años que han llevado a algunos expertos a decir que, si bien en el papel el Perú es un país presidencialista, en la práctica nos estamos convirtiendo -o nos hemos convertido ya- en un país parlamentarista, es decir, donde el Parlamento es en cierta medida el que tiene control sobre quién gobierna o cómo se gobierna. 

Quisiera referirme hoy a una de las razones que nos ha insertado en ese camino que es, a mi criterio, muy problemática y que ya le ha generado enorme daño al país. Y que, curiosamente, es algo que ha terminado siendo validado, increíblemente, por el Tribunal Constitucional. 

Fíjense. En el Perú solía entenderse muy claramente que los congresistas no tenían iniciativa de gasto. Sí participaban, naturalmente, en la discusión sobre la ley de presupuesto, que se da todos los años en el Congreso, pero su participación se limita a debatir cómo deben ser distribuidos los recursos contemplados para el presupuesto nacional. Lo que no pueden hacer es aumentar la cifra total del presupuesto que viene dada por el Gobierno, porque es este el que realmente sabe cuánto dinero responsablemente hay para gastar. Para explicarlo en sencillo, digamos que el Gobierno dice “tenemos 100” para gastar y propone que de esos 100, 20 vayan a educación y 10 a seguridad. Lo que puede hacer el Congreso es decir “no, quiero cambiar esa distribución, que sea al revés, 20 para seguridad y 10 para educación”. 

En teoría, lo que hace el Congreso es llevar al presupuesto indirectamente la voz del electorado  para que aquel responda a las prioridades de este. Pero no se le permite aumentar la cifra toda del presupuesto, porque si esto fuese una posibilidad, el Congreso tendría un incentivo muy grande y problemático para aumentar el gasto público mucho más allá de las capacidades del Estado peruano. Toda vez que no es directamente responsable por las finanzas públicas, podría terminar generando un forado fiscal que nos metiera en serios problemas como país, a punta de iniciativas demagógicas. 

Por eso, la regla general es muy clara: el Congreso puede incidir en las prioridades del presupuesto público y cómo se distribuye este, pero no puede definir cuánto se gasta. Y una regla específica que se desprende de esto, porque es plenamente coherente con ello, es que los congresistas, individualmente, no tienen iniciativa de gasto. Es decir, no pueden proponer cosas que aumenten el gasto público, sino solo intervenir, como decíamos, en la definición de cómo se prioriza el presupuesto público. 

Porque, fíjense qué pasaría si los congresistas sí tuvieran iniciativa de gasto. El congresista A iría donde el congresista B y le diría “oye, yo sé que tú quieres que el Estado gaste en esto; yo estoy dispuesto a apoyar una ley que obligue a que se haga tal cosa, pero a cambio, tú tienes que aprobar otra ley que voy a impulsar yo, que busca que el Estado gaste también en esta otra cosa”. Si se dan cuenta, se genera un incentivo perverso para que los congresistas apoyen unos los proyectos de mayor gasto de otros a cambio de que otros hagan lo mismo con los de ellos, y esto se convierte en un círculo vicioso de gasto y más gasto sin control que termina desfalcando al Estado. 

Pues bien, este riesgo que buscaba evitar la regla que decía que los congresistas no tenían iniciativa de gasto, se ha terminado configurando en la práctica, porque estos se han mandado a aprobar una serie de leyes que le generan gastos enormes, inmanejables al Estado peruano, y al ser objetado esto ante el Tribunal Constitucional, este ha dicho insólitamente que no hay ningún problema con esos proyectos, que los congresistas sí pueden aprobar tales cosas. 

Y fíjense el impacto, hasta hace poco se calculaba que solo en iniciativas aprobadas por este Congreso, se había generado un mayor gasto por 35 mil millones de soles. Piensen en la enormidad de esa cifra. Y el hecho de que el Estado peruano ya tiene un problema muy serio de déficit fiscal. Es decir, el Congreso ha estado dedicándose a aprobar gastos que no estamos en la capacidad de financiar por demagogia o por intereses electorales para congraciarse con determinados grupos de interés buscando conseguir sus votos en estas siguientes elecciones (por ejemplo, aumentos de sueldos indiscriminados o de pensiones para trabajadores públicos). Y les importa poco o nada que no haya de dónde sacar los recursos para financiar esas cosas. Ojo que no estoy diciendo que no haya razones en lo absoluto para proponer algunas de esas cosas, pero esto no se puede hacer como si la variable disponibilidad de recursos fuese irrelevante. Porque, como saben todas las familias, no se puede gastar el dinero que uno no tiene. 

Piensen ustedes que una de las cosas más importantes que hemos logrado como país en las últimas décadas en poner en orden las finanzas públicas y convertirnos en un país que no se sobreendeuda y gasta responsablemente. Pues bien, el Congreso actual está destruyendo aceleradamente tal virtud. Ayer ha vuelto a aprobar leyes que generan mayor gasto al Estado sin ninguna consideración, y con los incentivos que genera la campaña electoral, podrían seguir haciéndolo en las sesiones venideras del pleno. 

No podemos ser tan irresponsables, como país, de destruir -o, mejor dicho, seguir destruyendo- una de las pocas cosas que sí hemos sabido hacer bien en las últimas décadas, que ha sido nuestra responsabilidad fiscal. 

Ha sido un error gravísimo del Tribunal Constitucional romper ese candado para complacer al Congreso, porque quienes pagarán los platos rotos no van a ser los congresistas que está ahora aumentando el hasta como si no hubiera mañana. 

Necesitamos restablecer cuanto antes la regla en el sentido de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Pongámosle coto a esta irresponsabilidad que nos va a costar muchísimo a los peruanos.

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