Lo que ocurrió ayer con la elección en el Perú es inaceptable
Lo que ocurrió ayer con la elección en el Perú es inaceptable. No estamos hablando de un caso de fuerza mayor -digamos, un terremoto- que impide o retrasa el sufragio como normalmente debería darse. Estamos hablando de una negligencia de la ONPE que es inexcusable. Que se haya contratado a un proveedor -Servicios Generales Gálaga- que no dio la talla, y que había cómo prever que no la iba a dar porque estaba convocando proveedores para subcontratar días antes o porque ya tenía sanciones aplicadas por la misma ONPE, es inexcusable por parte de esta última institución y debería acarrear consecuencias muy drásticas para su liderazgo.
Yo no interpreto lo ocurrido como un intento de fraude, sería muy burdo realizarlo de esta manera a vista y paciencia de todos los electores que no pudieron votar, pero sí lo califico -repito- como una negligencia inexcusable que le ha generado un perjuicio enorme a la democracia peruana porque, por un lado, termina alimentando las teorías conspirativas en torno a fraudes electorales en el Perú y, por otro, quizá más grave, sienta un pésimo precedente en cuanto a qué se puede extender el proceso electoral a un día siguiente y hacer votar a los electores conociendo estos el resultado de las encuestas de boca de urna y cuando menos un conteo rápido.
Digo que es un pésimo precedente, siendo yo consciente de que no hacer nada hubiese sido peor. No había salida deseable para el lío en el que nos metió la ONPE. Cualquier opción que se tomara hubiese sido muy problemática. Pero, en mi opinión, hubiese sido peor que, por una negligencia atribuible a la ONPE se quedara sin votar un número de gente mayor a, por ejemplo, la diferencia de votos en la segunda vuelta presidencial del 2021.
Porque aquí el mensaje que ha tratado de comunicar la ONPE es que es un número “pequeño” de personas. Datum sacó anoche su conteo rápido ignorando la exhortación del Jurado Nacional de Elecciones de no hacerlo porque dijo que las personas que no votaron eran menos de un punto porcentual del total, y que no iban a mover el resultado final. Este argumento me parece cuestionable por dos razones. Una, es porque equivale a decir que el derecho de las personas que no pudieron votar por negligencia de la ONPE, no vale. Que nos da igual si votan o no votan. Ese es, en mi opinión, un mensaje muy pernicioso en una democracia.
Y en segundo lugar, porque el número de gente afectada ha sido mucho mayor que el comprendido solo en las mesas que no se abrieron. En las mesas que sí abrieron pero muy tarde, pasado el mediodía por ejemplo, mucha gente que fue temprano a votar, muchos adultos mayores entre ellos, tuvieron horas de horas para que se abrieran sus mesas y al final tuvieron que regresarse a sus casas. Este no es el caso de las mesas que ocasionalmente se demoran por la irresponsabilidad de los propios miembros de mesa, que siempre pasa en alguna medida, sino -repito- por una negligencia sistémica atribuible a la propia ONPE que afectó a muy especialmente a un sector de Lima Metropolitana. El maltrato que han recibido esos votantes es inexcusable, y claro, no hay cómo saber con exactitud cuánta gente tuvo este problema, y tampoco hay cómo reabrir sus mesas, pero hay que entender que esas personas también se han visto afectadas por esta negligencia.
Estando, entonces, ante una situación en la que nunca debimos estar, que es un papelón internacional para el Perú, había que tomar una decisión que de todas maneras iba a ser mala, más allá de que se optara por un camino u otro. En esa disyuntiva, varios conocidos míos, cuya opinión valoro mucho, se inclinaron por la opción de no hacer nada, por el miedo al precedente que se estaría fijando. No les faltaban argumentos. Pero, en mí análisis de las cosas, peor iba a ser el precedente de que en el Perú se pueden convalidar negligencias de este tipo y despreciar los votos de las personas afectadas como si no importaran, siendo estos suficientes en número para definir quién pasaba a la segunda vuelta, así que había que hacer algo. Lo que dispuso el Jurado Nacional de Elecciones, repito, no es lo ideal, es algo muy problemático, pero -a mi criterio- menos problemático que no hacer nada. Y si bien se podría argumentar que desacata normas electorales expresas que son de rango legal, legalmente puede sustentarse -en mi opinión- que la interpretación del Jurado está priorizando una interpretación favorable al derecho fundamental al voto, que está consagrado en la Constitución y que, en este caso puntual, debe sobreponerse a cualquier norma de rango inferior.
Es incomodísimo tener que asumir posición en este debate, porque hay argumentos legales contundentes de ambos lados. No es una discusión blanco o negro. Pero siendo yo abogado, debo reconocer que en este caso también debía entrar a tallar una interpretación sobre el momento político que buscara entender de qué manera candidatos y votantes de los distintos partidos iban a poder superar de mejor manera lo ocurrido. Y mi impresión es que, lo propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, nos inserta mejor en ese camino que no haber hecho nada. Nuevamente, todo esto es muy disputable, así que algunos de ustedes pueden estar de acuerdo con la posición que estoy asumiendo yo aquí y otros pueden discrepar, y es perfectamente válido discrepar porque estamos en una situación límite, a la que nos ha traído la negligencia de la ONPE. Pero el bien público que más estoy tratando de priorizar en mi lectura es que sepamos quién ganó de una manera que esté menos vulnerable a cuestionamientos legales y/o políticos. Para evitar que nos pasemos discutiendo los siguientes cinco años sobre si hubo fraude o, peor aún, que haya una reacción inmediata de desconocer los resultados electorales que pueda llevar, incluso, a enfrentamientos no solo verbales.
Necesitamos superar este trance de alguna manera y, repito, no vamos a encontrar una que sea ideal. Todas son malas. Pero debemos encontrar la capacidad de hacerlo. Hoy más que nunca necesitamos exigirle a los políticos prudencia y mesura. Sus reclamos frente a la ONPE tienen base porque, insisto, esta ha sido una negligencia inexcusable, pero tenemos que ponernos de acuerdo en lo posible de cuál es la manera menos mala de pasar la página y continuar con las definiciones del proceso electoral y revestir a quienes salgan elegidos con toda la legitimidad de origen que se requiere. Prudencia y mesura, en un contexto que ya era caótico pero que, de súbito, se ha vuelto mucho más. Y cuando hayamos conseguido resolverlo, tendrán que venir las consecuencias para los responsables y el sentido de urgencia para corregir todo lo que salió mal. Pero, de momento, prudencia y mesura para salvar esta incómoda situación.
Si quieres ver la Reflexión del día en video, la encuentras aquí abajo:
