Análisis económico del pedido de facultades del gobierno de Keiko Fujimori

El pedido de facultades delegadas que enviará al Congreso dejan en claro cuáles serán las prioridades del nuevo gobierno en materia económica, pero también despiertan preocupaciones respecto a que se vaya a cumplir el objetivo de sostenibilidad fiscal mencionado en el reciente mensaje de la presidenta Keiko Fujimori. 

Del lado positivo, hay que destacar que las medidas incluidas en el pedido de facultades tienen como norte promover la formalización y la inversión privada, reducir los trámites en el Estado, incrementar la productividad y fomentar la generación de empleo. 

El gobierno está pidiéndole al Congreso, entre otros temas, poder aprobar leyes a través de decretos legislativos para crear un régimen progresivo de acceso a beneficios laborales y obligaciones tributarias que fomente la formalización, facilitar el acceso al crédito a las micro y pequeñas empresas (mypes) y al registro de propiedades, promover el empleo juvenil, flexibilizar la regulación laboral, especialmente los despidos por causas económicas, y reducir el número de feriados. 

También busca digitalizar los servicios del Estado, fortalecer a Indecopi para que elimine barreras burocráticas, dictar medidas para promover sectores como la minería, la pesca, el sector agropecuario, el turismo, los hidrocarburos y el eléctrico, incluyendo racionalizar requisitos legales y regulatorios, derogar la ley que fijó topes a las tasas de interés por parte de los bancos, promover las asociaciones público privadas, regular los peajes y perfeccionar los regímenes tributarios, especialmente la Ley del Impuesto a la Renta. 

Sin embargo, dentro de los siete objetivos planteados por Fujimori durante su mensaje, uno muy relevante fue el quinto, el que se refiere a eliminar gastos públicos innecesarios y defender la sostenibilidad fiscal, es decir, que el país no gaste más recursos de lo que le permiten sus ingresos. Pero a renglón seguido como sabemos, se comprometió a aumentar el sueldo mínimo a S/1.300 y entregarle un bono por única vez a las micro y pequeñas empresas para ayudarlas a cubrir este mayor gasto de planilla. 

Esta promesa de Fujimori hace que, a diferencia de los aumentos de la remuneración mínima vital que se han dado en los últimos años, este incremento no solo haga más difícil que las micro y pequeñas empresas mantengan a sus trabajadores en la formalidad, sino que demandará un gasto aún no anunciado para el Tesoro Público. Y dado que es un solo desembolso, nada garantiza que se pierda soga y cabra, es decir, que se entregue dinero a estas empresas, pero igual sus trabajadores pasen a la informalidad porque la baja productividad no le permite a las mypes sostener ese mayor costo de la planilla en el tiempo. 

La promesa de defender la sostenibilidad fiscal también parece entrar en contradicción con el tercer objetivo, el de mejorar la infraestructura, pues implementar la larga lista de proyectos de carreteras, metros y trenes mencionados por la presidenta durante su Mensaje a la Nación costaría miles de millones de dólares.

Otro anuncio que genera preocupación es que se duplicarán los desembolsos de Pensión 65 desde los S/ 350 hasta los S/ 700 bimestrales, lo cual, de acuerdo con el ex ministro de Economía, David Tuesta, costaría S/1.730 millones adicionales. 

¿De dónde saldrán los recursos para cubrir estas promesas? Esa es una pregunta que deberá responder el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.