El caso contra Gustavo Gorriti por supuestamente haber entregado sobornos en especie
Está generando mucha discusión en redes en estos días el hecho de que el periodista de investigación Gustavo Gorriti de IDL Reporteros está siendo investigado por el delito de cohecho, que es básicamente la entrega de sobornos.
Gorriti es un personaje que genera posiciones muy intensas. Para algunos es un referente -tal vez el principal- del periodismo de investigación en el país, alguien que valientemente ha sometido a escrutinio al poder y recelado las fechorías de quienes lo han ejercido. Para otros, es una persona que ha perdido el balance y ha cometido excesos al instrumentalizar su oficio para atacar a aquellos actores políticos que quiere anular. Siendo esto así, es previsible que este proceso contra Gorriti sea auscultado desde esas ópticas, con un grupo concluyendo que existe un operativo políticamente inducido en su contra, y otro asumiendo que este es el camino correcto para sancionar al que haya actuado él como un operador político incidiendo indebidamente en actores del sistema de justicia.
Les digo qué pienso yo. Como siempre que analizo temas legales, yo siempre sugiero tomar distancia de la identidad de los involucrados y analizar los hechos y las imputaciones como si no conociéramos quiénes están involucrados, para tratar de ser lo más objetivos posibles.
Si vamos entonces al argumento que ha construido la fiscalía para imputar un delito, básicamente lo que uno aprecia es que se está calificando como cohecho, es decir, como la entrega de un soborno, el hecho de que un periodista haga una cobertura en su medio que pueda ser considerada favorable hacia un funcionario público. Fíjense: lo que se está dando a entender es que si un periodista le pude información digamos que a un fiscal para reportar sobre un caso penal que está sometido a investigación, y ese periodista saca un reportaje que deja la impresión de que el fiscal está haciendo un buen trabajo al perseguirlo, pues ahí ha habido una coima. Porque el fiscal entrega al periodista información que no debió a revelar y lo que le paga el periodista en contraprestación no es dinero sino cobertura positiva en su medio.
Más allá de que se trate de Gustavo Gorriti o de quien sea, esta interpretación legal es una locura porque lo que está haciendo es criminalizar el ejercicio periodístico y someterlo al criterio de alguien más que, si lo considera favorable a un funcionario público, el que sea, lo puede asumir como delictivo aplicándole el delito de cohecho. Esto es, repito, una locura. No exagero al decirles que es un riesgo existencial para la libertad de expresión y de prensa en un país.
A ver, yo creo que sí hay deberes de confidencialidad o de reserva de información que deben respetar ciertos funcionarios públicos que, de ser transgredidos, deberían acarrear responsabilidades administrativas o hasta penales, aunque no por cohecho sino por algún delito que aluda a ese tipo de conducta en particular. Sí creo que hay una discusión válida, legal y ética, sobre si es correcto que la fiscalía filtre información sobre investigaciones en curso a ciertos medios con el fin de que incidir en la opinión pública a favor de las causas que están empujando. Es una discusión compleja porque algunos dirán que es una herramienta válida cuando los investigados son personajes poderosos, y otros replicarán que igual se están transgrediendo deberes de reserva de información que están ahí por algo. El periodismo de investigación, que existe precisamente para investigar al poder, siempre va a buscar conseguir información, aunque sea reservada, si esta revela, por ejemplo, la comisión de un delito. Mi posición personal, que surge de mis convicciones sobre la libertad de expresión, es que los periodistas de investigación no pueden ser sancionados por el solo hecho de buscar información comprometedora, pues ellos no tienen ese deber de reserva sino al contrario, cumplen un rol de iluminar aquellos espacios que algunos preferirían que se mantengan opacos. Pero ya llevar esta discusión al entendimiento de que obtener información de una fuente estatal equivale a cohecho, si luego el periodista publica algo que pueda considerarse favorable a esa fuente estatal, es, repito una vez más, una locura, algo completamente atentatorio contra la libertad de expresión y de prensa, la condena de muerte para el periodismo de investigación, sea este realizado por medios con los que tengo o no afinidad política o editorial. Es inaceptable y nuestro rechazo no debería depender de quién es la persona o el medio que está circunstancialmente siendo objeto de este atentado.
